Vuelve la tesis del cortijo, aunque en realidad nunca acabó de irse del todo. Vuelve a la política y al análisis periodístico la vieja idea del clientelismo de la Junta de Andalucía como explicación de las sucesivas victorias electorales del PSOE, solo quebradas en marzo de 2012 por el triunfo sin mayoría absoluta del PP.

Con ocasión del juicio de los ERE que sienta en el banquillo a dos decenas de los principales políticos andaluces de las últimas décadas, vuelve el trazo grueso, la pintura negra, Goya y Zuloaga, vuelven los argumentos a mitad de camino entre el reproche y la infamia, irrumpe con fuerza el polvoriento retrato al aguafuerte de una Andalucía a la que poco tendría que el envidiarle el régimen tramposo y caciquil de la Restauración.

El voto clientelar

Aunque la expresión ‘voto cautivo’, muy en boga en el discurso de la derecha política y periodística andaluza en la década de los 90, ha desaparecido prácticamente del vocabulario político, la idea matriz que subyace en dicha expresión sigue gozando de buena salud, y de ahí que haya renacido con nuevos bríos en el marco de este juicio donde se intenta esclarecer si los gobernantes andaluces crearon un sistema de concesión de ayudas públicas a trabajadores y empresas en crisis cuya opacidad presupuestaria habría permitido institucionalizar un sistema político clientelar para garantizar la paz social y ganar elecciones.

En alguna medida, la derecha nunca ha querido escudriñar demasiado en las causas de su impotencia para conquistar el poder autonómico. Esa derecha vencedora en la dictadura, pero derrotada una y otra vez en la democracia, alberga un tenaz resentimiento contra la Andalucía del interior por ese voto esquivo que ella siempre prefirió llamar cautivo: tal explicación era su manera de vengarse porque no la votaban, pero también su manera de despachar con una expresión cargada de vileza una sucesión de derrotas sobre cuyas causas profundas era mejor no escarbar.

Dinero y paz social

Según los datos expuestos por el entonces consejero de Economía  Antonio Ávila ante la comisión de investigación sobre los ERE creada en el Parlamento andaluz en el verano de 2012, del total de los 81.464 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Andalucía en el período 2001-2010 y que representaron el 5% del total de España, recibieron ayudas públicas de prejubilación 6.473, esto es, menos del 8% del total. Un apoyo, argumentó Ávila, “selectivo y no generalizado a través de las denominadas pólizas de seguros de rentas”.

Para PP, Podemos e IULV-CA, en cambio, no hay duda de que ha existido un sistema clientelar. “Se pagaba la paz social a golpe de talón y de ayudas, muchas de ellas irregulares”, afirma Antonio Maíllo. "Se ha comprado paz social con dinero público, y eso no es honestidad política", sostiene Teresa Rodríguez. "Hubo una trama perfectamente organizada, ideada y diseñada para crear una red clientelar en Andalucía”, sentencia el líder del PP, Juanma Moreno.

¿Un hecho diferencial andaluz?

Que ha existido clientelismo en la gestión de los fondos públicos nadie puede discutirlo. La cuestión es cuánto clientelismo. Lo que está en discusión es si lo ha habido en Andalucía en un grado significativamente mayor que en otras comunidades: si el clientelismo es, como sugieren las voces críticas, un hecho diferencial andaluz.

La concentración de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla –comarca de donde es oriundo el ex director general de Empleo Javier Guerrero y con la que tenía una estrecha vinculación familiar el exconsejero de Empleo José Antonio Viera– parece dar la razón a la tesis del clientelismo: de los algo más de 50 millones de euros otorgados en ayudas directas a empresas en toda Andalucía, 30 fueron a parar a sociedades de la Sierra Norte, algunas de las cuales además solo existían en el papel. ¿Simple discrecionalidad o burdo clientelismo?

Las cifras no cuadran

Sin embargo, la ‘teoría del cortijo’ es bastante más difícil de mantener cuando se examinan las ayudas millonarias a grandes empresas en crisis de cuya supervivencia sí dependían comarcas enteras, como Santana Motor o Azucareras Reunidas en Jaén, las compañías mineras de la Faja Pirítica en Huelva, Boliden en Sevilla y Delphi o la Naval en Cádiz. Las ayudas sociolaborales trabajadores de estas empresas sumaron cerca de 600 millones.

Según las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación, había dos tipos de ayudas: las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y las ayudas a empresas en crisis. La cuantía total de los créditos definitivos destinados a todas las ayudas fue, según la Cámara de Cuentas, de 732,2 millones de euros, de los cuales se pagaron 710; de estos, 582 millones, el 82% correspondió a las ayudas a la prejubilación y el resto, 128 millones de euros, un 18%, ayudas a empresas y otros.

Empresas grandes… y pequeñas

La idea inicial y el espíritu del convenio que daba cobertura a la concesión de las ayudas era atender grandes conflictos con numerosos trabajadores afectados y fuerte impacto económico en las comarcas, y de hecho el apoyo económico a empresas como Cárnicas Molina, Santana, Hytasa o Delphi se ajustaba a tal idea y tal espíritu.

Pero no ocurría lo mismo con las ayudas otorgadas a empresas de poco más de un par de decenas de trabajadores como Surcolor en Málaga o el restaurante Río Grande en Sevilla. Y no digamos ya con las ayudas dadas por el director general a las empresas fantasma de su chófer, que sumaron cerca de un millón y medio de euros.

Preguntas y más preguntas

¿Crearon y mantuvieron los 22 ex altos cargos juzgados en la Audiencia de Sevilla, como sostiene la acusación, un sistema específico para poder disponer del dinero público esquivando a la Intervención de la Junta? Si fue así, ¿por qué la propia Intervención lo habría permitido y de ahí que su titular se siente también en el banquillo? ¿Conductas como la del director general Guerrero habrían sido posibles si el procedimiento hubiera seguido las reiteradas recomendaciones de la Intervención? ¿El procedimiento presupuestario y contable fue la causa para propiciar premeditadamente un fraude generalizado o fue simplemente la oportunidad que vieron algunas personas concretas de la Consejería de Empleo para practicar un clientelismo fraudulento? ¿Quiénes elaboraban los proyectos de Presupuestos sabían o tenían por qué saber cómo se gastarían las partidas aprobadas?

Estas preguntas y muchas otras se irán respondiendo a lo largo del juicio, que se reanuda el 9 de enero. Un juicio donde está en juego el honor de los políticos socialistas andaluces pero también el honor de la propia justicia, pues una absolución de la mayoría de encausados dejaría su imagen todavía más maltrecha de lo que ya está. En todo caso, no es probable que ni siquiera una absolución destierre para siempre del vocabulario político y periodístico el fantasma del voto cautivo y clientelar. Andaluz, naturalmente.