Lo que se discute y deberá esclarecerse en el juicio de la pieza política de los ERE que comenzó el miércoles en la Audiencia de Sevilla habría hecho las delicias de los más sutiles maestros de la escolástica medieval, pues una de las preguntas centrales que sobrevolarán insistentemente durante toda la vista será esta: ¿puede una ley ser ilegal? Que también puede formularse así: ¿pueden delinquir quienes elaboran un proyecto de ley pero no quienes lo convierten efectivamente en ley?

Quien expuso ante la sala esta cuestión con más crudeza fue el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero Antonio Fernández, al aludir a la “paradoja esencial” de la instrucción de este caso: que su defendido, pero también la mayoría de los otros 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, están acusados de haber aplicado unas prácticas administrativas y prespuestarias que para la acusación son ilegales pero que nunca lo fueron para el organismo que en toda Administración tiene encomendado el control de legalidad: la Intervención General.

Errores y sospechas

En la sesión de este jueves –menos farragosa que la del miércoles porque cada defensor leyó resumidamente su escrito provisional– los argumentos esgrimidos contra las conclusiones de la acusación fueron bastante coincidentes. Los argumentos y también los reproches, pues varias defensas convinieron en los mismos aunque con distintas formulaciones: desde errores garrafales hasta sospechas ominosas, antinomias irresolubles o conclusiones ridículas.

Uno de los reproches más recurrentes al auto de procesamiento del juez Álvaro Martín y al Ministerio Fiscal fue el referido a lo que las defensas consideran un temerario salto argumental en el vacío: el consistente en considerar delictivo un proyecto de presupuestos pero no la ley del Parlamento que lo convertía en realidad. El abogado González Martínez Fresneda, que representa al exconsejero Gaspar Zarrías, lo dijo con desahogo aristotélico: “Lo que no es delito en acto no puede serlo en potencia”. Un antiguo habría estado encantado de escucharle esa frase a un moderno. 

La trama

Conviene recordar que el auto de apertura de juicio oral y el escrito de la Fiscalía acusan a los ex altos cargos de la Junta de haber ideado y mantenido durante diez años un procedimiento administrativo y presupuestario cuyo propósito era eludir todos los controles para así poder otorgar arbitrariamente cuantas ayudas sociolaborales considerasen favorables a sus intereses políticos y clientelares.

El modo de materializar dicho propósito fue la utilización de la figura presupuestaria conocida como ‘transferencias de financiación’, complementada con la tramitación de sucesivas –y también ilegales– modificaciones de crédito para dotar de fondos al IFA, órgano pagador de las ayudas otorgadas por la Consejería de Trabajo.

Las partidas

En todo caso, las partidas para pagar los ERE figuraban en las sucesivas Leyes de Presupuestos con epígrafes tan explícitos como Programa 31L para el “Mantenimiento del empleo y el tejido productivo andaluz (…) para lo cual se realizarán transferencias en aplicación del concierto de ayudas a empresas” (Ley de Presupuestos de 2006).

Aun así, el informe de los peritos de la Intervención General del Estado que elaboraron el 'informe condenatorio' sobre el procedimiento sostiene que los redactores del proyecto de Prespuestos utilizaban un lenguaje deliberamente ocuro y opaco para que el Parlamento no supiera bien qué estaba votando. 

La tesis de la Fiscalía es que como la Consejería de Empleo concedía las ayudas pero quien las pagaba era el IFA, eso hacía imposible su fiscalización efectiva, y ello a pesar de que la Intervención General sabía que se estaba haciendo así y consideró inadecuado e impropio –pero no ilegal– ese modo de hacer las cosas. Por qué habrían permitido los funcionarios de la Intervención esa opacidad durante años y años es un misterio.

La paradoja

Las defensas de Chaves y Griñán enfatizaron que los expresidentes ni conocían ni podían conocer el ‘procedimiento específico’ de concesión de las ayudas, como no podían sospechar siquiera de una ilegalidad que para la Intervención nunca existió, aunque sí existieran reparos o reproches largamente discutidos con la Consejería de Empleo sobre el modo en que se otorgaban las ayudas. En todo caso, ¿por qué Empleo no cambió ese procedimiento tan reiteradamente cuestionado por la Intervención? Otro misterio.

La prosa más beligerante fue la del letrado Martínez del Hoyo, y no solo por criticar a quienes han extendido “una sospecha ominosa que ha sido interiorizada por la sociedad en su conjunto” y han promovido la “lacerante asociación entre Andalucía y corrupción”, sino porque insistió mucho en otra de las paradojas del caso que ni el más torpe de los escolásticos habría pasado por alto: la de que se sostenga sin cesar que cientos de millones de euros fueron otorgados de forma ilegítima, pero se soslaye astutamente la exigencia de devolución del dinero a los beneficiarios de los fondos, que fueron 6.300 extrabajadores de empresas en crisis y de los que solo el 0,3 por ciento de ellos eran intrusos.

Y por si no fuera suficiente con acusar a los acusadores de torpeza en los argumentos, también se llevaron sus buenos reproches por su impericia en las cuentas. La defensa de Griñán recalcó que, en el peor de los casos, el fraude habría ascendido a 80 millones de euros pero nunca a 741, y basó su cifra en las conclusiones de la investigación llevada acabo en su día por la Cámara de Cuentas.

Un escrito que hay que leer

Por lo demás, era de esperar pero fue una lástima que el tribunal rechazara la petición de la letrada del exconsejero Francisco Vallejo de que se diera lectura al recurso presentado en su día por los letrados de la Junta de Andalucía y despachado sin mayores contemplaciones por la Audiencia de Sevilla. Al haber pedido la Junta el archivo de este caso, entendió razonablemente el tribunal que no había lugar a esa lectura.

Las 69 páginas de ese esclarecedor escrito, que firmaron los letrados María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco, deberían ser lectura obligatoria tanto para los líderes de la oposición parlamentaria como para los habituales de esas tertulias de televisión aludidas por el abogado Martínez del Hoyo en las que se airea como un hecho incontestado que durante diez años media Administración andaluza estuvo: delinquiendo ante las mismísimas narices de la Intervención, burlando al Parlamento hasta el punto de hacerle aprobar leyes que eran ilegales y  hasta adornándose cínicamente en sus habilidades delictivas al destinar millonarias ayudas supuestamente opacas a grandes empresas cuyas crisis ¡salían todos los días en los periódicos! Los santos padres de la escolástica se habrían quitado el sombrero ante tan diabólica maña para el crimen.