Una de las principales pruebas de cargo en el caso de los ERE se tambalea. El supuesto pago de sobrecomisiones en los ERE andaluces a mediadores en la gestión de las pólizas de prejubilación puede que no fuera tal. Es lo que se desprende del informe remitido por Generali España, la principal aseguradora de los ERE, a la juez Núñez Bolaños, que investiga en una pieza separada esta derivada de la macroacusa.
Como se recordará, la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, sostuvo en un informe pericial que en los ERE financiados por la Junta de Andalucía se habían pagado comisiones “significativamente superiores a la media de mercado", que estaría situada en el 2 por ciento durante el periodo analizado. Y cifró el exceso de lo pagado en concepto de porcentaje del coste total de la prima en más de 66 millones de euros en el periodo entre 2000 y 2011.
Ahora, la compañía Generali España de Seguros y Reaseguros certifica en su escrito la suscripción de 520 pólizas de rentas de prejubilación –de todo el país salvo Andalucía– donde se han pagado comisiones de entre el 5 y el 40,38 por ciento, es decir, muy por encima del supuesto 2 por ciento manejado hasta ahora.
Una media engañosa
Las sospechas sobre la fiabilidad de esa media de mercado del 2 por ciento las levantó meses atrás el consejero delegado de Generali, Santiago Villa, quien en su declaración como testigo ante la jueza afirmó que la forma de cuantificar dicha comisión media por parte de la Dirección General de Seguros era "engañosa". Villa explicó que la media del 2% no era fiable, ya que cada producto requiere un servicio diferente.
Según el documento elevado por Generali a la jueza, los pagadores de esas pólizas de prejubilación financiadas por administraciones públicas y con comisiones muy por encima del 2 por ciento son entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, el Fogasa, la Xunta de Galicia, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León o la Junta de Castilla y la Mancha.
Por encima del 5 por ciento
La juez Núñez ordenó practicar esta diligencia a petición de la defensa de un sindicalista de UGT investigado en la pieza separada por las sobrecomisiones. Núñez ordenó a Generali que aportara un listado de pólizas de rentas de prejubilación suscritas por dicha compañía "en cualquier zona o territorio de España distinto de Andalucía, en cuya financiación haya participado alguna Administración pública, sea la Administración Central del Estado o alguna comunidad autónoma, y en las que se hayan pagado comisiones del mediador superiores al cinco por ciento del coste total de la prima y señalando el porcentaje concreto de comisión pagado en cada caso".
La instructora también pidió a Generali información de las comisiones pagadas en ERE financiados exclusivamente por empresas privadas, y también aquí las comisiones se sitúan muy por encima de ese 2 por ciento. De hecho, en algunos casos la comisión osciló entre el 15 y el 20 por ciento: en Campofrío superó el 18 por ciento y en Papelera del Ebro se aproximó al 16.
