Las absoluciones en el caso Mercasevilla, que dio origen a la macrocausa de los ERE. Los archivos judiciales generalizados en el supuesto macrofraude de la formación. La reciente confirmación de que el Gobierno central dio, al igual que la Junta, ayudas sin concurrencia ni publicidad que la juez Alaya no llegó a investigar. Las dudas técnicas y las sospechas políticas sobre el demoledor informe pericial de la Intervención General del Estado. Son algunos de los precedentes que dan esperanzas a los ex altos cargos de la Junta que serán juzgados en Sevilla a partir del próximo miércoles 13 de diciembre.

Si Mercasevilla fue una burbuja judicial que acabó en nada y los cursos de formación un bluf que ni siquiera llegó a juicio, ¿puede ocurrir lo mismo en el caso ERE, dado que el nexo de unión de los tres casos es la controvertida instrucción de la juez Mercedes Alaya?

Una generación política

En todo caso, más allá de lo que pueda decidir finalmente la justicia –y pasarán años antes de que haya un veredicto firme–, la imagen para el PSOE de Andalucía será demoledora. Toda una generación política sentada en el banquillo.

Los principales encausados de la lista de 22 que juzgará la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE no pertenecen a la misma generación biológica, pero sí política: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera... Bastantes de ellos fueron altos cargos de la Junta de Andalucía desde los años 90 hasta bien entrada la segunda década de 2000.

Unos tienen un perfil puramente político, otros lo tienen técnico y otros comparten ambos. En la lista de los procesados hay políticos profesionales pero también funcionarios de alto nivel o expertos en política presupuestaria. La Fiscalía acusa a los 22 de un delito continuado de prevaricación, castigado con la pena de inhabilitación, y a 15 de ellos –entre ellos Griñán– del delito continuado de malversación, que conlleva penas de entre seis y ocho años de cárcel.

Perplejos e incrédulos

Además del hecho de haber desempeñado responsabilidades políticas o administrativas en la Junta de Andalucía, casi todos ellos comparten a partes iguales un doble sentimiento de perplejidad e incredulidad por su procesamiento.

Cuando, ya en la segunda década de 2000, la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar las ayudas sociolaborales de la Junta y a apuntar con su dedo acusador al Gobierno autonómico en pleno, muy pocos de los ahora procesados pudieron imaginar que aquella investigación iba a salpicarlos.

La tesis del clientelismo

Exceptuando tal vez a quien durante una década había sido director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, que en una declaración ante la jueza había calificado de “fondo de reptiles” la partida de los ERE que aprobaba cada año el Parlamento en la Ley de Presupuestos, los encausados nunca tuvieron conciencia de haber estado cometiendo delitos de prevaricación y mucho menos de malversación durante los años que desempeñaron sus responsabilidades políticas, económicas o jurídicas.

Ninguno de ellos tiene cuentas en Suiza o un patrimonio oculto. Ninguno está acusado de haberse lucrado personalmente. Ninguno tampoco utilizó el dinero de los ERE para financiar al Partido Socialista.

La explicación de que durante diez años hubieran estado prevaricando y malversando –no solo los políticos, sino también funcionarios de alto rango como el Interventor General o el Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta– es que así engrasaban una gigantesca red clientelar que permitía al PSOE ganar las elecciones.

Una de las muchas paradojas del caso es que el grueso de ese voraz clientelismo lo habrían practicado los encausados a la vista de todo el mundo, pues las partidas para ayudar a empresas en crisis estaban en la Ley de Presupuestos y la financiación de los ERE y las prejubilaciones en grandes empresas como Santana o Delphi eran del dominio público.

La acusación

En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín –que concluyó la instrucción tras ascender Alaya a la Audiencia de Sevilla– sostenía que, entre los años 2000 y 2011, se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta un procedimiento específico cuyo objeto era "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas”. La Fiscalía cifra el fraude en 741 millones de euros.

Los beneficiarios

El juez no lo decía en su auto, pero más del 80 por ciento de ese dinero se destinó a financiar despidos y prejubilaciones de alrededor de 6.000 trabajadores de empresas o sectores en crisis. En algunos casos, como en de la Faja Pirítica de Huelva, los ERE fueron financiados conjuntamente por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Los destinatarios del dinero habrían estado, pues, justificados, pero no así el modo en que se otorgaron y tramitaron las ayudas autonómicas.

Precisamente otra de las paradojas de esta macrocausa es que la justicia nunca ha exigido la devolución del dinero a esos trabajadores ni ha abierto causa contra ellos a pesar de que su situación encaja con precisión en el ilícito penal de beneficiario a título lucrativo.

El origen

El origen de la investigación que ha conducido al banquillo a la plana mayor de la Junta de Andalucía fue el denominado caso Mercasevilla, instruido por Mercedes Alaya y en cuya pieza principal, relativa a una venta de suelos de la sociedad mixta a una constructora, fueron absueltos todos los procesados. Entre ellos, el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y exsindicalista Antonio Rodrigo Torrijos, aunque para cuando le llegó la absolución su carrera política y su reputación personal estaban irreparablemente dañadas.

En otra de las piezas del caso, sobre el intento de soborno a unos empresarios, también fue absuelto el único político encausado igualmente por Alaya con el respaldo de la Fiscalía: el exdelegado de Empleo de Sevilla Antonio Rivas. La justicia sí condenó, en cambio, a los dos principales ejecutivos del mercados mayorista: Fernando Mellet y Daniel Ponce.

“Ostensible endeblez”

Como en el caso de Torrijos, cuando finalmente el Tribunal Supremo absolvió a Rivas en 2014 esgrimiendo la “ostensible endeblez” de la acusación, habían pasado cinco años desde el inicio de la instrucción y la carrera política de Rivas estaba completamente destruida.

Con la pieza política del caso de los ERE puede ocurrir lo mismo. De ser así, también para muchos de los procesados será demasiado tarde, pues para entonces sus carreras políticas y profesionales estarán devastadas. En realidad, ya lo están, pues para un político –sobre todo, para un político de izquierdas– la mera imputación judicial se convierte automáticamente en una condena social.

El bluf de la formación

También el caso de la formación se está convirtiendo en otro bluf judicial. Lo que se conjeturaba como un fraude superior a los 2.000 millones de euros, mayor que el de los ERE pero con el mismo formato clientelar, se ha ido desinflando con los sucesivos archivos judiciales, que están evidenciando que la arriesgada tesis del amiguismo, también esgrimida en este caso por la juez Alaya, no se sostenía.

Aun así, llegaron a producirse hasta 300 detenciones, efectuadas en muchos casos con un amplio despliegue mediático al que fue del todo ajeno el Ministerio del Interior. 

Parecidos y diferencias

Los parecidos entre la causa de la formación y la causa de los ERE resultan, para algunas defensas, inquietantes: el montante de cientos de millones que habría alcanzado el fraude, la hipótesis del clientelismo, la implicación de decenas de cargos públicos, el móvil electoral, la utilización de partidas consignadas en la Ley de Presupuestos, la dificultad para acotar el momento preciso en que se habría cometido la prevaricación…

Pero si grandes son los parecidos entre ambos casos, no son menores las diferencias. El caso de los ERE sí ha superado con éxito todas las etapas procesales hasta llegar a juicio, la Fiscalía ha mantenido firmemente su calificación de los hechos, la Audiencia de Sevilla ha tumbado los recursos de las defensas, el Tribunal Supremo respaldó en lo sustancial la instrucción de Alaya...

Los ERE del Gobierno

¿Puede, aun así, ocurrir lo mismo con los ERE? Es pronto para aventurarlo. Otro precedente parece, en todo caso, sugerirlo: el Ministerio de Trabajo pagó entre 2001 y 2011 más de 300 millones de euros en dos centenares de ayudas a trabajadores de empresas en crisis por concesión directa y sin concurso ni publicidad. Como confirmaron en sede judicial dos exaltos cargos de José María Aznar investigados en el caso Faja Pirítica, esas ayudas ministeriales sí eran fiscalizadas previamente, pero ello no impidió que hubiera intrusos entre el colectivo de mineros onubenses beneficiarios de las ayudas.

Uno de los imputados evaluaba así esa cincustancia: "Si en las ayudas gestionadas por el Estado, a pesar de haber sido fiscalizadas por un interventor, se colaron intrusos y nadie controló las comisiones ni las primas pagadas a las aseguradoras, está claro que el hecho de que los expedientes se fiscalicen o no se fiscalicen no resulta determinante".

El paralelismo entre los ERE del Gobierno y los ERE de la Junta es significativo porque varios de los reproches penales que el juez Martín hace al procedimiento específico con el que la Junta concedía y pagaba sus ayudas son aplicables también al procedimiento del Ministerio de Empleo: no se regían por la Ley de Subvenciones, no tenían unas bases reguladores específicas y perfectamente detalladas, no había convocatoria pública de las ayudas, no se seguían para su concesión los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación…

La especificidad andaluza

Otra cosa bien distinta es que en la Junta hubiera responsables políticos, y muy significadamente el director general Guerrero, que otorgaran ayudas de manera injustificada o arbitraria, como fue el caso del casi un millón de euros concedido a su chófer.

Pero no son esas irregularidades o ilegalidades lo que va juzgar la Audiencia de Sevilla desde el miércoles, sino el procedimiento mismo con el que se concedieron todas las ayudas, estuvieran justificadas socialmente –como en los casos de los cientos de trabajadores Santana, la minería de Huelva o Delphi– o no lo estuvieran en absoluto –las sociedades fantasma del chófer de Guerrero o muchas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, de donde es oriundo Guerrero. 

¿Serán finalmente condenados por la justicia todos o la mayoría de los 22 procesados, como ya han sido condenados por la sociedad? La respuesta provisional, dentro de unos meses; la respuesta definitiva, dentro de unos años. La absolución social, nunca.