El empresario y exedil del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez, conocido popularmente como ‘Sandokán’ por su parecido con el personaje de television del mismo nombre, está desde ayer en la cárcel, donde ingresó en cumplimiento de la condena de cinco años y tres meses de prisión como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago fiscal de 29 millones de euros. Gómez ingresó en la cárcel cordobesa de Alcolea.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron rotundamente a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que Gómez había solicitado hasta que se resolviera su petición de indulto por parte del Consejo de Ministros.

Apoyo popular

Antes de la condena por delito fiscal que le ha llevado prisión, Gómez ya fue condenado en 2013 por su implicación en la operación Malaya de saqueo de las arcas municipales de Marbella. El empresario, concejal, diputado provincial y líder del partido político Unión Cordobesa (UCOR) descartó entonces dimitir como edil del Ayuntamiento de la capital cordobesa –“¿Dimitir yo? Dimite tú”, le espetó a un periodista– al tiempo que negó que su condena a seis meses de prisión por cohecho fuera a afectar al partido.

Gómez pronosticó incluso que UCOR lograría en 2015 mejores resultados que en las elecciones de 2011, cuando sumó casi 25.000 votos que le auparon a ser el partido líder de la oposición. Sus previsiones no se cumplirían, aunque todavía logró el respaldo de 8.200 cordobeses.

El declive de una estirpe

Hombre de origen humilde pero con gran perspicacia –ahora se sabe que demasiada– para los negocios, consiguió a partir de los años levantar un imperio basado en el ladrillo, aunque de cimientos tanto económicos como jurídicos poco firmes, como se demostraría al estallar la crisis de la construcción.

Poco amigo de las ‘formalidades’ legales, Gómez pertenecía a esa peculiar estirpe ibérica de emprendedores donde cabría incluir a hombres de Jesús Gil o José María Ruiz Mateos, ambos con problemas con la justicia y ambos con incursiones en la política que a la postre no impidieron que la justicia hiciera su trabajo.

Sentencia benigna

En julio pasado la Audiencia Provincial desestimó los recursos de las partes contra la sentencia de un juez de primera instancia e incluso consideró que la pena impuesta a Gómez era "benigna, una de las mínimas que podía recibir", sobre todo teniendo en cuenta “la escandalosa cuantía de la defraudación" y que la conducta de Gómez no se debía “a un mero cúmulo de errores" sino a un "plan diseñado" para no pagar impuestos.

Cinco años y tres meses de cárcel y multa de cerca de 112 millones de euros habñia sido la pena impuesta en febrero pasado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba al empresario por dos delitos contra la Hacienda Pública.

“No he hecho nada”

El magistrado absolvió, sin embargo, a sus cuatro hijos. Entendía, y así lo confirmó la Audiencia, que se trataba de un grupo de empresas familiar, pero que "quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas" del grupo era Gómez, mientras que "su esposa e hijos eran meros empleados” y "realmente no tenían conocimiento de la marcha y decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían".

Conducta criminal

La sentencia de la Audiencia identificaba en Gómez “una conducta criminal de naturaleza fiscal" que "no pudo ejecutarse por el recurrente sin el concurso necesario y querido de expertos que, curiosamente, ni siquiera han sido sentados en el banquillo de los acusados, lo que llama poderosamente la atención de este tribunal".

El exconcejal desplegó un claro “afán defraudatorio" mediante “una pléyade de buscadas ocultaciones y deliberados incumplimientos tributarios, que dan cuerpo a ese afán demostrado durante este ejercicio fiscal de mentir, falsear y forzar la Ley tributaria para sacar ilícito provecho antisocial rebajando la factura fiscal".