Aunque en otras ocasiones se habían registrado incidentes, esta vez la cosa fue mucho más lejos. Nada menos que nueve vehículos de una empresa dedicada al alquiler de coches con conductor, y con la que el gremio de taxistas mantenía un duro enfrentamiento en las grandes capitales desde hace tiempo, resultaron incendiados en la madrugada del pasado 2 de mayo en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos. Varios taxistas declaran hoy como investigados.
Los conductores de los denominados VTC (vehículos de transporte concertado) estaban alojados en un establecimiento rural, en cuyo aparcamiento estaban estacionados los vehículos calcinados, destinados a prestar servicio a partir de ese mismo día en la Feria de Abril. Todo apuntaba entonces que el fuego fue intencionado y que sus autores podrían ser taxistas.
Los vehículos incendiados en mayo en Castilblanco de los Arroyos pertenecían a la empresa Cabify, que planeaba trasladar a la Feria de Sevilla hasta una veintena de vehículos desde otras comunidades. Según la Unión Nacional de Autoturismos, por cada trimestre los coches con licencia VTC tenían derecho a operar un 80 por ciento fuera de su comunidad autónoma de origen.
Ante la juez
Las pesquisas de los investigadores condujeron hasta varios taxistas que eran a su vez miembros de la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla los ha citado este este lunes como investigados al existir indicios de coacciones y amenazas a conductores de esos vehículos, que el sector considera intrusos.
Los imputados en el caso son ocho personas, entre ellos el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Figueras, y los directivos Antonio Velarde y Francisco Ternero. También declararán como testigos los exconcejales de Sevilla Blas Ballesteros y Francisco Fernández, y exgerente de la sociedad municipal de autobuses de Sevilla Tussam.
El control del aeropuerto
Cabify y otras empresas del sector venían siendo acusadas de intrusismo y competencia desleal por los taxistas, a quienes a su vez los conductores de VTC señalaron como autores de numerosos casos de violencia y acoso.
La Policía Nacional llegó a investigar en la capital hasta a 32 taxistas, por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de vehículos con licencia de transporte concertado, con relación a los trayectos al aeropuerto hispalense de San Pablo, cuya controvertida parada está sujeta a una tarifa única de 22,2 o 24,75 euros.
Los agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional registraron en junio la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, una de las dos principales organizaciones del sector en Sevilla y cuya sede está en propias las instalaciones del aeropuerto.
Años de conflicto
No es la primera vez que el colectivo de taxistas que acaparan el servicio del aeropuerto se las ven con los tribunales. Ya en enero de 2013, la Fiscalía de Sevilla denunciaba la presunta existencia de un monopolio para controlar el servicio de taxis en el aeropuerto sevillano, después de que en el verano anterior varios taxis ajenos a la trama monopolística hubieran sufrido pinchazos y otros desperfectos cuando estaban aparcados en la terminal.
Los hechos fueron entonces denunciados por la asociación Foro Taxi Libre, muy combativa desde meses atrás contra lo que consideraban un abuso de poder de la ‘mafia’ que controlaba el servicio del aeropuerto al no regir en el mismo el habitual sistema de turnos rotatorios.
Ya a principios de la década de 2000 el Ayuntamiento de Sevilla intentó implantar la rotación, después de que el que había sido concejal de transporte, Blas Ballesteros, sufriera amenazas de los taxistas del aeródromo.
La paliza
El conflicto llevaba ya en esas fechas bastante tiempo enconado. El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, José Padilla, denunció en julio de 2002 haber sufrido una paliza a manos de tres directivos de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. Padilla, a quien tuvieron que darle ocho puntos de sutura en la cabeza, señaló como uno de sus agresores a Enrique Figueras, uno de los ahora investigados de el caso Cabify.
Ya entonces, el grupo de taxistas del aeropuerto llevaba más de un año intentando boicotear los turnos rotatorios impuestos en San Pablo con el apoyo de la organización de Padilla, mayoritaria en el sector. La rotación perjudicaba los intereses del grupo de conductores que explotaba en exclusiva la lucrativa parada y que también amenazaron al Ballesteros.
