Y ni siquiera la justicia: el verdaderamente amenazante artículo 155 era una jueza. Ella y solo ella, al menos de momento. Bueno, ella y el Fiscal General del Estado, pero este no cuenta porque SuperMaza siempre fue 155 puro y duro.

De los tres incendios ocurridos hasta ahora en el proceso independentista catalán, dos de ellos los han provocado jueces, no políticos. El primero ocurrió el 20 de septiembre y fue obra del titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ese día, cuando Barcelona era una olla hirviendo, puso el fuego a todo gas ordenando una docena de detenciones y otros tantos registros, ninguno de los cuales era urgente, en el marco de una investigación iniciada ¡ocho meses atrás!

El segundo incendio

El segundo incendio ocurrió el 1 de octubre y vino de la mano conjunta del Gobierno central y el Gobierno catalán, ninguno de los cuales podía, por definición, desdecirse de sus amenazas. A esas alturas, la Generalitat no podía no convocar el referéndum ilegal y el Gobierno no podía no intentar impedirlo. Puede que ese día Madrid no midiera bien el uso de la fuerza –y, más allá de la sobreactuación victimista, es opinión bastante generalizada que no lo hizo–, pero era poco menos que imposible medir bien ese uso.

El tercer incendio ha venido de la mano de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al ordenar la prisión incondicional de medio Govern con su vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, dado que el presidente Puigdemont y la otra mitad del Ejecutivo catalán están huidos en Bélgica y ya pesan contra ellos sendas órdenes de detención.

¿Riesgo de fuga de Junqueras, a quien todas las encuestas dan como ganador indiscutible en las elecciones del 21 de diciembre? ¿Riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva en quienes ya no ocupan los cargos políticos desde los que hacer cualquiera de las dos cosas? ¿Delito de rebelión cuando en todo el proceso no ha habido violencia, a excepción de algunos conatos que difícilmente pueden ser calificados como violencia y mucho menos ser atribuidos personalmente a todos los querellados? Demasiadas preguntas razonables y de respuesta dudosa como para haber tomado una decisión como el encarcelamiento que las da por contestadas.

¿Violencia estructural?

El concepto de violencia de la juez Lamela y del fiscal Maza recuerda mucho a aquella fúnebre, difusa y ventajista ‘violencia estructural del Estado’ con la que el terrorismo de los 70 y los 80 intentaba justificar y blanquear los asesinatos que cometía. La violencia que Lama dice ver es tan imaginaria como aquella: como en ‘Minority Report’, da por consumados unos hechos que no se han producido: en el peor de los casos, que todavía no se han producido.

El auto de Lamela no significa, naturalmente, que la justicia en España no sea independiente. Significa que de vez en cuando se equivoca. La mala noticia es ese auto. La buena, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo –si llegado el caso asume toda la causa, como parece razonable– pueden rectificar a Lamela y enviar a casa –con cargos, pero a casa– al Gobierno catalán y a los Jordis.

De ser así, de nuevo habríamos ganado algo de tiempo, como ya lo ganamos cuando Rajoy, imitando a Puigdemont, activó el 155 y minutos después de ‘desactivó’ al convocar elecciones en el menor plazo previsto por la ley para hacerlo. Ojalá la justicia acabe haciendo lo mismo: desactivar la bomba que ella misma ha activado.