Otra imputación que queda en nada. Otra persona social y mediáticamente 'condenada' cuyo caso es archivado sin llegar siquiera a juicio. La historia se repite: hubo noticia pero no hubo delito. La víctima ha sido esta vez quien fuera jefe de servicio de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Carretero.
El caso lo destapó el 17 de abril de 2015 el entonces alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que había denunciado ante la Fiscalía irregularidades en el montaje de la Feria de Sevilla del año anterior por un total de 439.00 euros.
34 años en la Feria
La decisión del alcalde se producía después de que la Intervención detectara supuestas anomalías cuyo responsable habría sido el jefe de los servicios técnicos de la delegación municipal de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, que ocupaba el cargo desde hacía 34 años y a quien se atribuían errores de certificación y contratos verbales realizados sin los procedimientos legales a cambio de recibir beneficios en especie de las empresas favorecidas.
Basándose en un informe del Grupo Especial de Policía Local (Gepol) de Sevilla, la Fiscalía creyó ver indicios claros de que Carretero habría hecho la vista gorda asumiendo “la regularidad de todas las facturaciones presentadas sin objetar volúmenes o duplicidades ni controlar la ejecución”.
Meras elucubraciones
Ahora, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha archivado la causa con el argumento de que es "imposible de comprobar si se trata de hechos ciertos o de meras elucubraciones o sospechas, sin más fundamento y en las que hayan podido también incidir factores de relaciones personales y/o profesionales".
¿Y por qué esa imposibilidad? Porque “en el momento en el que se ponen sobre la mesa las presuntas irregularidades que dan lugar a esta causa, la Feria de 2014 ya se había desmontado”.
Nada de nada
Ni la Fiscalía ni el propio exalcalde salen precisamente bien parados de la lectura del auto de la juez, que archiva el caso porque "de los datos que constan en las actuaciones, no aparece debidamente justificada la perpetración de delito que deba perseguirse ante la jurisdicción penal", pues “la falta de precisión en la definición y descripción de algunas partidas no es por sí sola malversación de caudales públicos".
En el caso de Carretero, no hay indicios de que hubiera actuado con ánimo de lucro ni tampoco se usaron “fondos públicos o bajo custodia pública para fines distintos" de los prescritos por la ley. De hecho, recuerda el auto, “el Ayuntamiento ha abonado sin reparos la totalidad de facturas correspondientes a la Feria del 2014”.
El varapalo
El varapalo judicial al trabajo de la Fiscalía y de la Policía que reunió las supuestas pruebas del delito queda patente en este párrafo: "El único fundamento de la incriminación penal son la apreciación de errores contables y las manifestaciones inculpatorias de dos testigos, manifestaciones ni siquiera aparecen rodeadas de indicios periféricos que corroboren la imputación y que puedan servir de base a una construcción racional por medio de la prueba indiciaria".
El denunciante
También estaban siendo investigados los delegados de las empresas Ferrovial-Agroman en Andalucía y UTE RMD & Coyma Fiestas y los representantes legales de Alquileres Quitasol SL y de A.E.M. Vázquez SL.
Según la denuncia inicial del técnico del Ayuntamiento de Sevilla Miguel Ángel Baena, algunas de esas empresas habrían prestado servicios de mantenimiento en viviendas particulares de Carretero en Sevilla y en Valencina de la Concepción y suministros en su caseta de Feria: "aseveraciones todas ellas que parten" –dice el auto judicial– de la información del denunciante, muy poco de fiar “dadas las contradicciones y falta de consistencia que se aprecian en el testimonio que actúa como factor fundamental de delación".
