Entre los años 2001 y 2011, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social concedió 220 ayudas laborales a trabajadores de empresas en crisis por un total de 300 millones de euros, habiéndose otorgado “sin concursos públicos de adjudicación al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado". El importe de cada una de las ayudas osciló entre 13.760,49 euros y 22,2 millones.
Esa la inequívoca respuesta que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, en la que explicita que tales ayudas se otorgaron mediante "concesión directa". Esa forma de proceder sigue siendo, por cierto, la misma “en la actualidad”.
Se trataba, en última instancia, de saber si el Estado actuó de forma diferente a como lo hizo la Junta de Andalucía. La respuesta del Gobierno sugiere que no.
Dos cargos de Aznar
La juez hizo su petición al Gobierno en el marco de la instrucción de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas a empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva, donde se investiga a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.
El informe enviado al juzgado de Sevilla lo firma el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, en respuesta al requerimiento que le hizo la magistrada en julio para que aportara una relación precisa de dichas ayudas concedidas entre 2001 y 2011, que es también el periodo investigado en los ERE.
Otra vez la IGAE
La respuesta del Gobierno es de suma importancia tanto judicial como política, pues uno de los reproches que sustentan la acusación contra 22 altos cargos de la Junta –entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán– que serán juzgados en diciembre es que concedieron las ayudas sociolaborales apropiándose de unas competencias que no tenían e incumpliendo el supuesto marco estatal que exigiría una serie de requisitos que, en realidad y a tenor de la respuesta del propio Gobierno central, parece que no existen.
O si existen habrían sido también incumplidos por el Gobierno, cuyos peritos de la Intervención General de la Administración del Estados (IGAE) lo exculparon de toda responsabilidad con tanta contundencia como inculparon a la Junta de Andalucía.
No es la primera vez que queda en entredicho la ecuanimidad y solvencia técnica del decisivo informe solicitado a los peritos del Estado por la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso.
Lo que decía la OM de 1995
El informe de Thibault a la juez es taxativo: la concesión por el Gobierno de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial (OM) de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero "establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por estos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".
No se precisaba, pues, convocatoria de concurso público con publicidad para otorgar las ayudas, que es justamente uno de los argumentos de la acusación contra los políticos de la Junta. La Orden Ministerial de 1995, dice el Gobierno, "no contemplaba la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", por lo cual la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa", resolviendo “directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".
Iniciativa de una defensa
La reclamación de la juez a Gobierno fue a instancias de la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien alertó a la magistrada de que se había “dado por bueno entre otros por los peritos de la Dirección General de Seguros que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos". Obviamente, esa suposición –trascendental prueba de cargo contra la Junta– era errónea.
Albarracín exigía comprobar documentalmente “si el proceder del Gobierno central, a través de su Dirección General de Trabajo, fue similar al que ese organismo realizó en el caso –investigado por la justica– de la minería de Huelva, con el resto de pólizas de prejubilación financiadas por el Ministerio hasta el año 2011".
El proceder era, en efecto, el mismo según el propio Gobierno. Tras esta nueva revelación, ¿decaerá la causa de la Faja Pirítica o habría que abrir nuevas causas por cada una de las 220 ayudas otorgadas con el mismo procedimiento y con los mismos criterios que los 40 millones concedidos a los trabajadores de las empresas mineras en crisis?
