María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
herencias

La Junta se resigna a un nuevo tajo al Impuesto de Sucesiones

Los socialistas dan por hecho que "habrá acuerdo" con sus socios de Ciudadanos, que quieren elevar a un millón de euros el tope fiscalmente exento

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Mié, 13 Sep 2017

Lunes 11 de septiembre. Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A: aunque todavía no hay acuerdo con Ciudadanos, existe “un acercamiento por ambas partes. Tengo la intuición de que vamos a cumplir los tiempos con creces en la presentación y aprobación de los Presupuestos".

Martes 12 de septiembre. Juan Carlos Blanco, portavoz del Ejecutivo andaluz: las "negociaciones con Ciudadanos sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones están muy avanzadas" y finalmente "habrá acuerdo".

Los mensajes que se vienen lanzando tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista apuntan en una dirección: en contra de lo que habría sido su deseo, aceptarán la nueva rebaja del impuesto de la que su socio parlamentario ha hecho una bandera irrenunciable, hasta el punto de que si los socialistas no se avienen a su exigencia, no les aprobarán los Presupuestos de 2018.

Un amargo trago

Para los socialistas es un amargo trago tener que aceptar el nuevo tajo exigido por Ciudadanos, que ya logró el año pasado subir a 250.000 euros el mínimo fiscalmente exento por heredero directo y que para 2018 se propone elevar al millón de euros.

Aunque inicialmente estaba en su programa, el partido naranja ha sido también sensible a la presión del Partido Popular, que a su vez ha convertido la supresión de hecho del impuesto en uno de sus arietes contra el Gobierno andaluz y, de paso, contra Ciudadanos. No en vano, el partido naranja es consciente de que con beneficios fiscales de este tipo puede seguir arrancando votos de la franja más moderada y menos fiel del electorado del PP... y puede que también del PSOE.

Desahogo en el PP

Mientras tanto, quien se siente más desahogado en esta batalla es el Partido Popular: a fin de cuentas, no tiene nada que perder y bastante que ganar. Pedir que se suprima un impuesto siempre es bien visto por amplias capas de la sociedad y si además no se tiene la obligación de explicar cómo reponer los alrededor de 400 millones anuales que dejarían de recaudarse, para el PP todo son ventajas.

En realidad, a la formación conservadora ni siquiera le pasan factura las contradicciones de su discurso, y que esta semana volvía a recordar en Huelva el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, que acusó a los populares de jugar esta partida con varias barajas a la vez: "El PP tiene 17 modelos fiscales, con 400.000 euros exentos en Galicia, el 99 por ciento en Madrid, o los 350.000 en Castilla La Mancha; no tienen un discurso uniforme sobre este tema”.

El PP no tiene, en efecto, un discurso unitario ni coherente, pues si tan insoportablemente injusto considera el impuesto bien podría reclamarle al Gobierno central que lo suprima, dado que es el único competente para ello. Pero con ello le haría un favor al Gobierno andaluz, y eso es lo último en que piensa el presidente popular Moreno Bonilla. En realidad, lo que ha hecho es redoblar la presión contra el Gobierno andaluz con una nueva campaña postal y en las redes sociales en la que recrean el cuento infantil de Caperucita roja identificando al lobo de la historia con el Ejecutivo andaluz. 

Cuidado con los recortes

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, admitía este mismo miércoles en Canal Sur Radio que las consersaciones van avanzadas y que respeta la posición de Ciudadanos, pero ha advertido que "cualquier reforma fiscal debe ser compatible con el crecimiento de los servicios públicos, con que los empleados públicos recuperen sus derechos y con que haya oportunidades para el empleo, especialmente para parados de larga duración y jóvenes". 

Según los cálculos de su departamento, son alrededor de un 2% de las herencias que se liquidarán en Andalucía en 2017, con una recaudación que rondará los 400 millones de euros. En toda España la recaudación asciende a 2.700 millones de España.

Montero siempre ha sostenido que las regiones más ricas o mejor financiadas juegan con ventaja en este asunto: "Hay Comunidades mejor tratadas y con mayor capacidad de subir o bajar esos tributos cedidos, como ocurre con Madrid, que no tiene el mismo rasero al ser la que más recauda por ser sede de las principales empresas del país".