La medida fue anunciada en junio por la presidenta de la Junta y el consejero de universidades y ha entrado en vigor en el curso universitario que acaba de comenzar. Unos 30 millones de euros le costará este año a la Administración andaluza la bonificación de hasta el 99 por ciento del precio de la matrícula universitaria para los estudiantes que hayan aprobado todo el curso anterior, ya se trate de estudios de Grado o de Máster. Podrán beneficiarse de la medida hasta unos 30.000 estudiantes, según cálculos provisionales de la Junta.
Los alumnos matriculados en Andalucía sólo tienen que costear el primer año de matrícula, salvo los que tengan algún tipo de beca o matrícula de honor antes de su ingreso en la universidad. A ello se suma que en Andalucía los precios apenas han sufrido variación de 2008 a 2014, estableciéndose en 756 euros por curso, aproximadamente.
Dos casos
Dos casos concretos: una alumna de la Universidad de Granada ha pagado por la matrícula de cuarto curso de Comunicación Audiovisual 6,82 euros, desglosados así: 5,70 euros por tasas administrativas y 1,12 por el seguro universitario; sin la nueva medida de bonificación habría tenido que pagar 757 euros. Un alumno matriculado en cuarto de Derecho en la Universidad de Sevilla ha pagado 14 euros frente a los 764 que aproximadamente pagó el curso pasado.
Andalucía es la primera comunidad en España que aplica este tipo de medida, bastante habitual, aunque son fórmulas administrativas distintas, en países europeos como Finlandia, Alemania o Francia.
El anuncio
El pasado mes de abril, durante la precampaña de las primarias del PSOE en las que fue derrotada por Pedro Sánchez, Díaz anunció una medida similar para ponerla en marcha en toda España si llegaba a la Presidencia del Gobierno.
Díaz argumentó entonces que había llegado el momento de abrir el debate sobre los precios de la educación superior, porque España cuenta en la actualidad "con unas tasas universitarias desproporcionadas, puesto que es el segundo país europeo en precios de las matrículas, sin ser el segundo país más rico de la UE". La presidenta andaluza también recordó cómo en los años 80 la tasa universitaria "no se concebía como una tasa recaudatoria, pero con el devenir del tiempo sí ha derivado en eso".
Un derecho básico
El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, explicaba en junio pasado que la premisa política que inspiraba la medida era considerar la educación superior como un derecho básico equiparable a la educación básica o a la sanidad, de forma que el acceso a la misma no debía vincularse a la renta de las familias: "No es justo convertirlo en un impuesto, ni tampoco aplicar el concepto de renta a jóvenes que están estudiando; aunque pueden tener perspectivas de patrimonio familiar, es injusto decir que tienen el futuro garantizado por sus padres".
Al consejero también le parecía "ridículo" premiar simplemente con una matrícula gratuita el rendimiento académico excelente y proponía incentivos como estancias en verano en universidades internacionales, prácticas en empresas punteras o acciones de transferencia del conocimiento.
