Todo indica que esta podría ser su última oportunidad de Juana Rivas para impedir que la justicia actúe contra ella. Esa oportunidad tiene fecha y hora: las cinco de la tarde del próximo lunes 28 de agosto en un Punto de Mediación Familiar de Granada.
Es el plazo dado a Rivas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que ha dictado un auto ordenando la restitución de sus dos hijos menores al padre de los mismos, en cumplimiento de la sentencia firme que hasta ahora Juana ha venido eludiendo. La información ha sido avanzada este viernes por el diario Ideal de Granada.
Primeras grietas
Esta vez, Rivas no parece tener mucho margen para desobedecer ya que la juez está dispuesta a adoptar medidas cautelares contra la madre granadina si no entrega a sus hijos. Aunque el apoyo social y político a Juana se mantiene, han comenzado a aparecer las primeras grietas en ese respaldo.
Sectores judiciales de sensibilidades muy diversas se han mostrado muy críticos con lo que consideran injustificadas presiones políticas a los jueces para que no se cumplan resoluciones judiciales que ellos consideran impecables.
Tibia búsqueda
Técnicamente, Rivas está en libertad provisional como investigada por supuesta sustracción de menores, tras no cumplir la orden de entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico y denunciado de nuevo el año pasado por malos tratos por Rivas.
Como se sabe, los menores siguen ilocalizables aunque existe la sensación bastante generalizada de que las fuerzas de seguridad tampoco los han buscado con especial ahínco. Agentes de la Guardia Civil han acudido al domicilio de Juana en Maracena, aunque sin una orden judicial de registro de la vivienda.
¿Una letrada que no lo es?
Según informa Ideal, la magistrada ha citado a declarar a la asesora jurídica de Juana, Francisca Granados, como inductora de un presunto delito de sustracción de menores.
Precisamente esta semana el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) difundía un comunicado en el que negaba que Francisca Granados sea abogada: “No ostenta la condición de letrada, por lo que no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía. En consecuencia –advertía la nota-, cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico y de cumplimiento de los deberes profesionales que realizan los Colegios de Abogados y este Consejo General, dentro de las misiones que tienen encomendadas”.
