Los platos rotos por la suspensión cautelar de la jornada semanal de 35 horas no los pagarán únicamente los 270.000 empelados públicos andaluces que se beneficiaban de la medida de la Junta, sino también el propio PP de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, intenta capear el temporal culpando a Susana Díaz del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.

Los apuros de Moreno se ven agravados por el hecho de que el Gobierno estaría planeando regresar a la jornada de 35 horas a partir del 1 de enero de 2018, en cuyo caso sería todavía más difícil de explicar por qué no propicia que la medida continúe aplicándose en Andalucía, donde está en vigor de forma escalonada desde el 1 de enero.

"Díaz prefiere la bronca"

Acorralado por la presión política y sindical, el presidente del PP-A dijo ayer que era "partidario de que se levanten las medidas cautelares para que no se suspendan de manera inmediata las 35 horas" semanales para los empleados públicos andaluces, aunque culpó a Susana Díaz de la situación creada por no haber querido negociar con el Gobierno: “Ha preferido una buena confrontación, una buena bronca".

Para Moreno no está resultando fácil justificar por qué, si estaba tan claro que el decreto de la Junta era inconstitucional, el Gobierno ha tardado nada menos que nueve meses en presentar su recurso ante el TC.

El líder del PP dice estar seguro de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el Gobierno “están dispuestos a sentarse con la Junta para identificar en qué sectores se puede aplicar las 35 horas y hacer las modificaciones normativas que sean necesarias para que en 2018 se puedan contar con las 35 horas en determinados sectores de la función pública".

El PSOE, al ataque

Mientras, el Partido Socialista no está dispuesto a dejar pasar la ocasión de erosionar a Moreno y su partido. Desde las terminales provinciales del partido se está publicitando al máximo este “ataque cruel” de los trabajadores públicos.

Ayer, por ejemplo, las direcciones provinciales de Huelva y Jaén hacían las cuentas: la suspensión del TC a instancias del Ejecutivo va a perjudicar a 17.500 trabajadores públicos en Huelva y a 19.000 en Jaén. El PSOE y el Gobierno andaluz también están aireando con insistencia que con esta medida ahora suspendida “se aumentaría las oportunidades de empleo público permitiendo la creación, de forma inmediata, de entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo en la administración andaluza en nuestra comunidad".

Todos contra el recurso

Simultáneamente, ayer se producía una cascada de reacciones políticas y sindicales contra la suspensión de la jornada de 35 horas. El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, reclamó al Gobierno central de Mariano Rajoy que pida al Tribunal Constitucional que levante una suspensión cautelar que puede tener "consecuencias desastrosas" en la sanidad y en la educación andaluzas.

En el mismo sentido se manifestaba Podemos, para quien es una "vergüenza" que Montoro "haya amnistiado a las riquezas más poderosas del país mientras ataca y persigue sin tregua a los trabajadores andaluces".También Ciudadanos critica con dureza la posición del Gobierno.

Frente sindical

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, también alertaba de que la suspensión daría al traste con las contrataciones nuevas que estaban previstas, por ejemplo, en el sector educativo con el comienzo del próximo curso.

En cuanto a los sindicatos, la posición es la misma tantos entre las centrales profesionales como entre los sindicatos de clase. CSIF, SATSE, UGT y CCOO en Andalucía trasladaban ayer al PP-A su "preocupación" por el posible efecto de la suspensión en la enseñanza o la sanidad.