Lo que su antecesora Mercedes Alaya nunca quiso hacer pese a las peticiones de las defensas, lo está haciendo la juez María Núñez Bolaños. La instructora que investiga los ERE fraudulentos quiere que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le remita una relación completa de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011.

Así se lo exige en una providencia del pasado día 20 que ha sido conocida hoy y que fue cursada por Núñez atendiendo a la petición del exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, cuya defensa considera crucial saber “si el Estado actuó de forma diferente a como actuó la Junta de Andalucía, o se limitó a aportar la financiación a las pólizas y con las aseguradoras que le indicaban las empresas tomadoras y la representación sindical, y todo ello sin realizar ningún tipo de concurso ni comprobación respecto de si estaba o no el precio de acuerdo al mercado asegurador existente".

40 millones de euros

La petición de la juez tiene lugar en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003.

La juez quiere saber si esas ayudas extraordinarias se daban mediante concurso público y si "eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguro".

15 ayudas de Huelva

Dado que en las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva no consta concurso público alguno –argumenta la defensa de Albarracín– "estamos en condiciones de afirmar que tampoco se habría realizado concurso público en el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", lo cual a su vez pondría en duda la fiabilidad de los peritajes que sostenían lo contrario: la petición al Gobierno central “deriva del hecho de que hasta el momento, cuando se han cumplido más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la Dirección General de Seguros que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos".

Junta y Gobierno

La defensa del ejecutivo de Vitalia interpreta en base a la documentación oficial que “esas pólizas fueron contratadas en unidad de acto, en donde en la misma póliza aparecían los pagos del Gobierno central y del autonómico, es decir, se presume que el Gobierno central tampoco elaboró para esas pólizas ningún pliego de prescripciones técnicas que pudiera ser utilizado en procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se invita a participar directamente a las aseguradoras sin la intervención de un mediador de seguros".

Prisión bajo fianza

Hay que recordar que en marzo de 2013 la juez Mercedes Alaya envió a prisión a Antonio Albarracín, acusándolo de haber pagado 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las "sobrecomisiones pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación de los ERE. Albarracín quedaba libre tres meses después tras pagar una fianza de 600.000 euros.

En aquel auto, la juez Alaya sostenía que Albarracín "daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta". Nada decía Alaya en aquel del Gobierno central.