Tras la Guerra Civil, España quedó aislada del exterior. Una de las medidas que adoptó el régimen fue poner en marcha una supuesta reforma agraria para dinamizar la agricultura creando nuevos municipios junto a embalses, atrayendo a colonos para explotar tierras que pasaron de secano a regadío. En el fondo el plan buscaba también privilegiar y reompensar a grandes propietarios que apoyaron el golpe de Estado franquista de 1936.
De esa manera surgieron y se construyeron más de 300 pueblos especialmente ubicados en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. A partir de ahí esos núcleos territoriales se completaban con la repoblación humana con colonos dispuestos a cultivar las tierras.
Nombres franquistas
En honor del dictador, algunos de estos nuevos municipios o entidades locales menores se bautizaron con nombre alusivos a Franco. Fue el caso de Queipo de Llano en Sevilla, Águeda del Caudillo en Salamanca, Llanos del Caudillo y Villanueva de Franco en Ciudad Real, Villafranco del Guadalquivir en Sevilla o Campillo de Franco en Teruel.
La aprobación en 2007 de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en España y la recientemente puesta en marcha de la lee andaluza, prohiben estte tipo de denominaciones así como las que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura". La inmensa mayoría de estos municipios cambiaron su nombre aunque con alguna excepción polémica como los Llanos del Caudillo. En Andalucía el proceso de adaptación a la legalidad siguió su camino con una solo excepción: la pedanía de Villafranco del Guadalhorce en Málaga.
Una "Isla mínima" del franquismo
Este núcleo dependiente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está gobernado desde hace años por el PP. Cuenta con 600 habitantes y está situado a 10 kilómetros del casco urbano de Alhaurín. Su origen data de los años 50 al crearse como uno de los mencionados poblados de repoblación agrícola. En los años los 70 pasó a depender del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
En la provincia de Málaga y en toda Andalucía, Villafranco del Guadalhorce es la única localidad que, incumpliendo la Ley de Memria Histórica de Andalucía, mantiene su denominación con marchamo franquista. Desde hace años un persistente y tenaaz abogado, Eduardo Ranz Alonso, mantiene una pugna con el ayuntamiento del PP para que se aplique la normativa y se elimine la alusión a Franco en la toponimia de la entidad ya que contraviene la Ley de Memoria Histórica. Ahora ha dado un paso más y ha demandado a la alcaldesa popular, Antonia Ledesma, por lo que supone un "homenaje a protagonistas de la dictadura" y una "incitación al odio".
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Denuncia ante la ONU
Este abogado, que lucha para cambiar la denominacion a once entidades territoriales más en toda España y que tramitó una denuncia a España ante la ONU por incumplir la sentencia que obliga a exhumar dos cuerpos del Valle de Los Caídos, cree que "no existe mayor exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura que mantener el nombre de sus máximos exponentes en el apellido del pueblo, y por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma"
Ranz se dirigió hace tiempo por escrito a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Diputación de Málaga y al propio Ayuntamiento de Alhaurín el Grande exigiendo la "redefinición" de esta entidad territorial aunque no recibió contestación alguna. Desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, la alcaldesa dijo no saber nada y no haber visto ningún escrito del abogado a pesar de que la polémica es evidente y surge cada año. Es ella y el Ayuntamiento que preside quienes tienen la competencia para cambiar el nombre de Villafranco del Guadalhorce. Ledesma no alberga entre sus objetivos como alcaldesa el modificarlo.
Alega Ledesma que esta modificación no es algo que preocupe especialmente a los vecinos. Insiste de nuevo en que no ha llegado a ella ninguna petición ni demanda del abogado mencionado.
Denuncia contra la alcaldesa de Alhaurín el Grande por prevaricación
Eduardo Ranz, cansado tal vez de que su denuncia sea obviada y despreciada, finalmente ha optado por denunciar por prevaricación y vulneración de la ley a la alcaldesa de Alhaurín el Grande al "negarse a cambiar el nombre" y no cumplir las leyes de Memoria Histórica, la nacional y la andaluza. Denuncia contra la alcaldesa de Alhaurín el Grande por incumplir la Ley de Memoria. Ranz también ha dirigido un escrito a la Junta de Andalucía para que "se inicien tantas acciones como sean necesarias contra Villafranco, como símbolo contrario a la Memoria Histórica y Democrática andaluza".
