“El juzgado le ha atribuido a la autoridad política la facultad de designar libremente a los peritos y la autoridad política ha hecho uso de la misma”. Es una de las conclusiones a las que llega el detallado escrito confeccionado por uno de los principales procesados que, a partir del próximo 13 de diciembre, se sentará en el banquillo de la Audiencia de Sevilla, junto a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, en el juicio de la ‘pieza política’ de los ERE.

En esa vista, que será la gran prueba de fuego para la instructora Mercedes Alaya, se juzgará la idoneidad legal del procedimiento administrativo y presupuestario utilizado durante diez años por la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.

El escrito de descargo

Profundo conocedor del sumario por su formación jurídica, el autor del escrito –para cuya difusión ha puesto como condición a EL PLURAL salvaguardar el anonimato para no perjudicar su defensa– comienza recordando que uno de los aspectos más controvertidos de la instrucción judicial del caso de los ERE es “la construcción argumental elaborada por la juez relativa a la existencia de una supuesta trama de responsables políticos y administrativos, que habría amañado los presupuestos de la Junta y otros instrumentos legales con el fin de facilitar el uso fraudulento de fondos públicos”.

El informe de la IGE

Como se sabe, la tesis de la instructora Mercedes Alaya, que ha conseguido abrirse hasta llegar a juicio paso sobreponiéndose a los múltiples recursos de los imputados, tiene como sustento más relevante el informe pericial de más de 8.000 folios elaborado, a instancias de la juez, por funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En opinión del procesado autor del escrito “resulta verosímil vaticinar el futuro desmoronamiento de esas tesis conspirativas” debido “a la insuficiencia técnica de los argumentos de la juez y la IGAE, las anomalías procesales y una potente sospecha de contaminación política de todo ello”.

Bajo sospecha

El carácter técnico y la consiguiente imparcialidad del informe de la IGAE quedaban fuertemente en entredicho la semana pasada al trascender la imputación judicial de dos altos cargos del Gobierno de José María Aznar por su gestión del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, que los peritos de la IGAE consideraron irreprochable. Los entonces altos cargos del Ministerio de Trabajo Carmen de Miguel y Soledad Córdova habrían permitido, según la juez María Núñez, la inclusión de medio centenar de “individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

La presencia de intrusos en los ERE no sería necesariamente consecuencia –en contra de lo sostenido por Alaya– de que las ayudas se dieran mediante el procedimiento supuestamente fraudulento de la Junta.

Diametralmente contrario fue, en cambio el dictamen de los peritos: "Mientras en el Estado las ayudas fueron intervenidas y comprobados los requisitos de todos los perceptores, la Junta de Andalucía lo dejó en manos de los sindicatos", dijeron en su día en la declaración ante la juez Alaya en una sesión a su vez muy controvertida porque la instructora no permitió a las defensas de los imputados interrogar sin cortapisas a los peritos.

Designación política

La imputación de esos dos altos cargos de un Gobierno del PP otorga singular consistencia al escrito al que ha tenido acceso este periódico. Tras recordar alguno de los errores de bulto de Alaya inducidos por la IGAE, como su afirmación de que “es obvio” que la Ley de Presupuestos no puede contravenir los dispuesto en un Reglamento de la Intervención, el escrito sostiene que “la insuficiencia técnica” del informe de la IGAE está relacionada tanto con la falta de idoneidad profesional de sus autores como con el hecho de que los mismos fueron “libremente designados por una autoridad política, el Interventor General de la Administración del Estado, cargo público con rango de subsecretario designado por el Gobierno del Partido Popular, circunstancia que pone seriamente en duda la neutralidad política del informe pericial”.

El escrito apuntala su sospecha con este otro dato: Alaya encargó la pericia en febrero de 2012, más de un año después de iniciada la instrucción y “una vez que tomó posesión el Gobierno del PP”.

El perfil de los peritos

Los miembros del equipo pericial, del cual firmaba como jefe Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, “no fueron escogidos mediante algún procedimiento objetivo que valorarse su conocimiento y experiencia para examinar y evaluar la actividad de las más altas magistraturas de la Junta de Andalucía: Gobierno, Cámara de Cuentas y hasta el Parlamento”. Su selección se realizó “sin ningún criterio conocido”, hasta el punto de que “el currículo profesional del responsable de la pericia es completamente ajeno al objeto de la misma”.

En efecto, según la información empresarial publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Jesús Ruiz-Ayúcar desempeñó funciones como administrador judicial o auditor de 34 empresas privadas en los años anteriores a su designación como perito en la macrocausa de los ERE.

Es decir, concluye el escrito de referencia, “el currículo profesional del responsable de la pericia es completamente ajeno al objeto de la misma”.

Y se pregunta unos párrafos después: “¿Sería imaginable que tales funcionarios hubieran sido encargados de analizar el comportamiento de las Cortes Generales, del Consejo de Ministros o del Tribunal de Cuentas?”.

La denuncia de Mohedano

La denuncia contenida en el escrito de este procesado coincide que la que hizo en su día el letrado de varios imputados José María Mohedano. En la sesión donde declararon los peritos, Mohedano quiso saber qué trabajos especializados sobre derecho y control presupuestario había publicado Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, para contrastar su idoneidad profesional como perito. “La juez no me ha dejado hacer la pregunta, aunque yo ya sabía la respuesta: en los últimos 21 años, en que ha trabajado en el ámbito privado, ninguno”, relató el letrado a un grupo de periodistas.

Además, buena parte de esas empresas donde Ruiz-Ayúcar desempeñó tareas de administración judicial formaban parte de la trama Gürtel de financiación ilegal del PP. El escrito asegura que el jefe de los peritos “continuó ejerciendo de administrador de esas sociedades de la Gürtel tiempo después de que el juzgado le encargase a la IGAE la pericia del caso de los ERE”, vulnerando así la normativa de incompatibilidades.

El delegado de Hacienda

Pero la contaminación política de la instrucción no habría tenido lugar únicamente con el formato de designación de los peritos ahora bajo sospecha. El análisis hecho por el procesado se pregunta también por el papel desempeñado por el delegado especial de Hacienda en Andalucía, Antonio Franco González, interventor del Estado, quien habría jugado “un cierto papel de enlace entre la IGAE y el equipo pericial, residentes en Madrid, y el juzgado de Alaya”.

El autor del escrito admite no conocer “el alcance preciso de las funciones desempeñadas en la causa” por el delegado especial de Hacienda, “pero sabemos que fue visto ‘haciendo pasillos’ ante la puerta del despacho de la juez Alaya un día indeterminado del primer semestre de 2013, portando un voluminoso cartapacio”. Y a continuación se pregunta: “¿Estaba este cargo político del Gobierno central haciendo entrega oficiosa en aquel momento del informe pericial?”.

Errores y omisiones

Al hilo de esos datos sobre el perfil profesional de tales peritos, el escrito concluye que “no resulta extraño que los informes emitidos se encuentren plagados de graves errores y omisiones”.

Como muestra, este botón contenido en el informe pericial complementario presentado en enero de 2014: “Las modificaciones presupuestarias realizadas para aumentar el inadecuado concepto de Transferencia de Financiación a IFA-IDEA, con el que indebidamente se concedieron las subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, no cumplieron uno de los principales requisitos legalmente establecidos, como es que la aplicación presupuestaria de destino sea la adecuada”.

Hay que recordar que uno de los cargos principales que pesa sobre los políticos de la Junta es precisamente haber hecho de las transferencias de financiación un uso proscrito por la ley.

Desde su sólida formación en la materia, el autor del ‘escrito de descargo’ sostiene que esa “afirmación de los peritos no es que sea meramente errónea, es que es completamente falsa; no existe en el ordenamiento jurídico –añade– norma alguna que establezca tal requisito para los expedientes de modificación presupuestaria”.

¿Copiar y pegar?

El contra informe aquí glosado también recuerda la anomalía procesal ya conocida de que autos judiciales de Alaya anteriores a la fecha oficial de entrega a las partes del informe de la IGAE contenían párrafos literales del mismo, lo que significaría que la juez dispuso de dicho informe antes de que lo tuvieran los imputados a quienes ella interrogó precisamente manejando la evaluación de la IGAE, “colocándolos así en una situación de indefensión”.

En marzo de 2015, José María Mohedano revelaba que uno de los peritos había reconocido durante su declaración judicial que se habían reunido al menos ocho veces con la juez. Alaya restó importancia a esas reuniones, despachándolas como “insinuaciones tendenciosas” del abogado.