Antonio Rodrigo Torrijos no perdona. Ni olvida. Los dos nombres que no perdona ni olvida son estos: Juan Ignacio Zoido y Mercedes Alaya, ambos jueces de carrera y compañeros en los juzgados de Sevilla aunque el primero en excedencia desde hace años. Torrijos quiere una satisfacción y parece dispuesto a buscarla vía tribunales si es preciso.

Absuelto junto a los otros nueve acusados por la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla cuya denuncia impulsó el hoy ministro del Interior, el ex primer teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla se está pensando si denunciar formalmente a la instructora Mercedes Alaya por un “proceso kafkiano” que finalmente ha quedado en nada.

¿Qué pasa ahora?

En una entrevista concedida ayer al programa de la cadena SER Hoy por hoy Sevilla, que dirige Salomón Hachuel, se preguntaba: "¿Qué pasa ahora con mi salud, con mi vida, con mi abandono de la política? ¿No hay ninguna responsabilidad? ¿Qué pasa con el señor Zoido?".

Torrijos recordaba que el de Mercasevilla es el tercer caso que pierde el exalcalde de Sevilla y actual ministro del Interior, tras fracasar judicialmente sus denuncias sobre Sevilla Global y la Fundación DeSevilla.

El exdirigente de IU, que pedirá "de forma inmediata" su reingreso en la organización "con los cargos que tenía", apuntó directamente al hoy ministro como la persona "que organizó esta estrategia para contribuir desde lo judicial” al cambio de Gobierno: “Que se pronuncie y pida perdón", exige.

Objetivo: tumbar al gobierno

Rodrigo Torrijos enmarcó su encausamiento en un contexto orientado “a tumbar a un gobierno y favorecer la llegada de otro". En efecto, el beneficiario electoral de todo el proceso fue el PP, que ganó las elecciones municipales de 2011 en Sevilla gracias, según Torrijos, "a la curiosa coincidencia entre los tiempos judiciales y los electorales". De hecho, el proceso empieza en 2009 "para tomar su viso de realidad en 2011, en plena campaña electoral" para las municipales donde Torrijos encabezaba la candidatura por IU.

Justicia y elecciones

Fue precisamente a solo unas semanas de las elecciones cuando Alaya dictó el auto de imputación del candidato de IU, interfiriendo en el proceso en contra de los usos de los altos tribunales, inclinados a postergar –siempre que el procedimiento lo permite– decisiones judiciales de fuerte impacto político.

Salvaguardar la apariencia de imparcialidad no figuró nunca entre las prioridades de Alaya ni en la instrucción de Mercasevilla, ni en la de los ERE ni en la de los cursos de formación. Esta última acumula ya, como se sabe, más de un centenar de archivos judiciales.

Casos paralelos

Los reproches de Torrijos al tándem Alaya-Zoido coinciden en muchos aspectos con los lanzados semanas atrás por Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico y exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que también estuvo imputado por la juez, aunque en diciembre de 2015 la Fiscalía lo dejó finalmente fuera del banquillo.

Al igual que Marchena, Torrijos también dice desconocer por qué fue acusado en este procedimiento o por qué, durante su agotadora declaración de once horas ante la juez, esta no admitió su petición de que "que citase a las personas que, según ella, había puesto de acuerdo, para que le confirmasen si nos conocíamos, porque ni las conocía".

Manuel Marchena también recordó que la juez instructora lo interrogó “durante ocho horas, llegó a hacerme 11 veces una misma pregunta, me trataban como un acusado, no como imputado, casi como a un delincuente”.

Disculpas que nunca llegaron

Este mes se cumple justamente un año del archivo de la denuncia de Zoido por el caso de la Fundación DeSevilla y justamente un año de que Antonio Rodrigo Torrijos le exigiera una disculpa pública a Juan Ignacio Zoido. No hubo tal disculpa.

En efecto, a finales de julio de 2016 el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla decretaba el sobreseimiento de la causa contra los concejales Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez por el desvío de fondos de la Fundación DeSevilla, aunque sí mantuvo la causa abierta contra el exgerente de la entidad Miguel Ángel López Adán. También en una de las piezas del caso Mercasevilla fueron condenados dos directivos pero ningún político.  

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas archivaba aquella causa contra el ex primer teniente de alcalde y el ex concejal de Empleo "por no resultar debidamente justificado el que, con relación a tales investigados [el desvío de fondos de la fundación procedentes de las subvenciones], los mismos hubiesen participado en ilícito penal alguno".