Una muchacha es vilmente ultrajada y asesinada en Sevilla. Los asesinos acrecientan el sufrimiento de la familia haciendo desaparecer el cadáver. Así, sus seres queridos no tienen un cuerpo que enterrar ni una tumba donde recordarla y honrarla. El Estado, consciente del daño que están sufriendo de los familiares, no escatima esfuerzos ni medios para encontrar los restos. Se excavan muchos lugares, se remueven campos enteros y vertederos, se usan radares, helicópteros y alta tecnología. Las autoridades no dudan en ponerse al frente de las búsquedas y en acudir a consolar a la familia. Y así debe ser. No se puede consentir que una familia sufra una pérdida tan dolorosa de manera permanente, sin el descanso de al menos recuperar los restos de los suyos. Es algo que todo el mundo entiende.

Otra historia que acaba en Sevilla. La de un notario, radicalmente buena persona, que dedica su vida a defender el ideal de Andalucía como tierra común de tolerancia e ilusión. Un día unos asesinos lo sacan de su casa a la fuerza. Se lo llevan a un cuartel saturado de personas detenidas y aterrorizadas. De ahí a un cine donde se hacinan otras personas que, como él, tampoco han cometido ningún delito ni han violado ninguna ley. Una noche lo sacan, lo llevan a una tapia y lo asesinan. Después tiran su cuerpo a alguna fosa sin nombre donde su familia no pueda encontrarlo. El notario se convierte en un símbolo institucional de su tierra, le levantan estatuas y su nombre aparece en los textos fundamentales. Pero nadie se molesta en buscar su cuerpo. Las administraciones, hasta ahora, no han gastado ni un euro en buscar ese cuerpo.

Efectivamente, el primer caso es el de Marta del Castillo y el segundo el de Blas Infante y el de miles y miles de asesinados por el franquismo. A nadie le parece mal que en los últimos seis años se hayan usado ingentes cantidades de dinero para buscar una y otra vez el cuerpo de Marta del Castillo. Es una cuestión de justicia. Sin embargo, viendo las declaraciones y los actos de muchos políticos, lo que llama la atención es el doble rasero con el que se trata a los muertos propios y ajenos; las mismas personas que encabezan manifestaciones de apoyo a la familia de Marta y que exigen en público que no escatime en esa tarea aparecen con frecuencia negándose a que se invierta un solo euro en la búsqueda e identificación de los asesinados que llenan nuestras cunetas y las fosas comunes de los cementerios. Muchos de quienes en un caso entienden que no puede haber descanso sin cuerpo, en los otros protestan porque dicen que se trata de abrir heridas que estaban cerradas.

Pues no. Los asesinatos franquistas no se legitiman con el tiempo ni se curan con el silencio impuesto en décadas de dictaduras y en la cobardía de la transición. Estos días se cumplen los aniversarios del nacimiento y la muerte de Blas Infante. Es infame que a estas alturas los restos de quien se reconoce oficialmente como Padre de la Patria Andaluza estén perdidos junto a los de otros miles de asesinados, supuestamente en alguna fosa del cementerio de San Fernando en Sevilla. Convivimos tanto con el horror que acabamos por normalizarlo. Si permitimos que se esconda la memoria de nuestro símbolo nacional, asesinado por los fascistas ¿qué modelo de sociedad y de justicia hemos construido? La Andalucía en la que creemos no puede construirse sobre el olvido del asesinato y la desaparición de Blas Infante y tantos otros que lucharon por ella. Y por nosotros.

España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, sólo detrás de Camboya. Quedan más de cien mil cuerpos sin desenterrar. Más de cuarenta mil sólo en Andalucía. Cada uno es una familia destrozada, una herida abierta.

Nadie que no sea un psicópata social o un malnacido puede oponerse a que se exhumen los cuerpos de todos los asesinados. A nadie puede molestarle que una familia recupere los restos de sus familiares. Y el Estado tiene que tratar a todos los desparecidos por igual. Las autoridades están obligadas a dotar de todo el presupuesto necesario la búsqueda e identificación de cada una de las personas asesinadas por el franquismo. Las leyes de memoria histórica, hasta las más avanzadas, no bastan si no se acompañan de todos los fondos económicos necesarios.

Y si no se hace, si no se desentierra a cada asesinado por el fascismo, es por falta de dignidad. En los últimos seis años, al mismo tiempo que se gastaban centenares de miles de euros en buscar el cuerpo de Marta del Castillo, nuestras autoridades han presidido decenas de actos de homenaje a Blas Infante sin que se haya utilizado un euro en buscar su cuerpo y el de sus compañeros y compañeras asesinadas. Sin inmutarse. La dignidad, a veces, empieza por uno mismo, pero se ve que algunos de eso no tienen ni un poquito.