Renta mínima. Diálogo social. Cursos de formación. Matrículas universitarias. Blindaje de serviciso públicos. Son las principales iniciativas de calado impulsadas por el Ejecutivo socialista para acentuar su perfil social y recuperar la identidad nítidamente de izquierdas que tantos le discuten o incluso le niegan a su presidenta Susana Díaz.
En palabras del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, el nuevo Gobierno andaluz que tomó posesión la semana pasada "ha arrancado con fuerza y no va a parar en estos dos años intensos que nos quedan".
La imagen pública
Sus principales prioridades, estas: crear de empleo de calidad, apuntalar el débil crecimiento, blindar la sanidad y la educación públicas y recuperar de derechos perdidos. Las prioridades colaterales, estas otras: puesta en marcha de un itinerario personalizado para menores víctimas de violencia machista; aumento y consolidación de plantillas públicas; programa de internacionalización para emprendedores jóvenes; instar al Gobierno central a regular la gratuidad de la enseñanza hasta los tres años.
Y es que la batalla de las primarias socialistas en la que Susana Díaz estuvo involucrada hasta el pasado 21 de mayo, en que cayó derrotada a manos de Pedro Sánchez, fue consolidando una imagen conservadora de la presidenta andaluza. El hecho de que los poderes económicos y la prensa conservadora la vieran con mejores ojos que a su adversario para dirigir el PSOE o la circunstancia de haber rechazado de entrada un pacto político con Podemos contribuyeron a afianzar esa imagen que ahora Díaz quiere desmentir con los hechos.
Renta mínima
Según la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la nueva renta mínima de inserción social en Andalucía beneficiará a más de 42.500 unidades familiares anualmente y para el periodo 2018-2021 se destinará a esta medida un total de 819 millones de euros.
Esta renta mínima operará como “una prestación garantizada y por tanto como derecho subjetivo, como marca la Ley de Servicios Sociales, y se concibe como medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación en Andalucía", explicó Sánchez Rubio en el Parlamento.
Diálogo social
El Gobierno andaluz junto a los sindicatos CCOO-A y UGT-A, así como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) inauguraban ayer una nueva era de 'diálogo social permanente' creando la Mesa por la Calidad del Empleo.
Así lo explicaba la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, cuyo sindicato ha venido estando muy distanciado de San Telmo desde tiempo atrás: “En los dos últimos años el dialogo social ha estado parado, hoy se ha arrancado un compromiso por parte de la Junta de potenciarlo y que las medidas que adoptemos en las mesas sobre empleo sean medibles, por eso creo que entramos en una nueva era”.
Matrículas universitarias
Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cifraba en unos 30 millones el dinero que la Junta destinará a las universidades para aplicar la bonificación de créditos universitarios aprobados en primer matrícula. La medida, que Susana Díaz anunció en su campaña de primarias, se aplicará en Grado pero también en Máster: tras el primer curso, el estudiante que lo apruebe todo se ahorrará el 99 por ciento del coste de las matrículas. La medida no puede llegar al 100 por 100 porque la normativa que rige el precio de las matrículas –como ocurre con el impuesto de sucesiones– es estatal, no autonómica.
Aunque en Andalucía el precio medio de la matrícula por curso universitario ronda los 750 euros, bastante por debajo de la media ancional, sigue siendo la segunda comunidad --sólo por detrás de Cataluña-- con los precios más altos en relación a la renta per cápita.
¿Y no debería vincularse la bonificación de las matrículas a la renta familiar y no solo al expedientes académico? Arellano recalcaba la idea de que la educación universitaria pase de ser una opción a ser un derecho como la salud o la educación básica, y recordaba que en la tradición universitaria europea la matrícula –al contrario que las becas convencionales– nunca se ha vinculado a la renta.
Cursos de formación
A su vez, el nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero Sierra, anunciaba esta semana que su departamento podrá en marcha a partir de septiembre "toda la formación para desempleados que está parada en Andalucía". La dotación para ello será de 65 millones de euros.
A raíz de las investigaciones judiciales sobre irregularidades en la gestión de los cursos de Formación Profesional para el Empleo, en 2011 estos fueron paralizados por el Gobierno de coalición de PSOE e IU. Mientras, sigue abierto el proceso administrativo y judicial para recuperar fondos utilizados irregularmente o no justificados.
La paralización de los cursos para renovar la cualificación de trabajadores parados ha sido uno de los reproches más recurrentes de la oposición. Una vez que la mayoría de las investigaciones judiciales han sido archivadas y los sistemas de fiscalización mejorados, el Gobierno andaluz ha decidido recuperar la demonizada formación.
