Octubre de 2007. El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Memoria Histórica con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y ERC. El texto había sido pactado entre el PSOE, IU-ICV, CiU y PNV, pero los independentistas catalanes interpretaron que la ley no terminaba con el "sistema español de impunidad" instaurado en la Transición, mientras que el PP estaba instalado en un inamovible 'no es no'.

Marzo de 2017. El Parlamento andaluz aprueba la Ley de Memoria Democrática con el apoyo de los tres grupos de izquierda –PSOE, Podemos e Izquierda Unida– y la abstención del PP y Ciudadanos. El 'no es no' de diez años antes se convertía en abstención.

Preguntas sin respuesta

Algo, pues, parece haber cambiado en estos diez años. Algo pero no todo. ¿Algo pero no mucho? El PP ya no vota en contra de la ley… pero tampoco a favor. ¿La abstención de la derecha andaluza es realmente una abstención sincera o en el fondo sigue siendo un ‘no’ pero camuflado como abstención?

Los precedentes no son nada tranquilizadores. Mariano Rajoy declaró esto en 2008: “Yo eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”. Y cumplió su amenaza. ¿Haría lo mismo el PP andaluz si llegara al poder? Nadie tiene la respuesta a esta pregunta.

¿Un consenso imposible?

Pero si el PP, más civilizadamente, se ha inclinado ahora a una abstención inimaginable diez años atrás, ¿significa eso que esta vez sí habría sido posible sumarlo al consenso aceptando algunas de sus enmiendas o limando los aspectos más ‘ideológicos’ del texto finalmente aprobado?

A los socialistas les hubiera gustado que el PP se incorporara al consenso, aunque no, desde luego, al precio de que se descolgaran IU o Podemos. A fin de cuentas, el texto aprobado ayer es muy parecido al proyecto inicial que promovió IU cuando gobernaba con el PSOE en Andalucía y en ningún caso iba la federación de izquierdas a rebajar la ambición ideológica de la ley, que declara imprescriptibles “los crímenes contra la Humanidad” cometidos por el franquismo, poniendo así en cuestión la Ley de Amnistía del 77.   

Novedades de la ley

Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas; estipula la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

¿Comisión de la verdad?

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía aprobada ayer contempla la creación de una comisión de trabajo de carácter independiente para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, la dictadura y años posteriores en Andalucía que será enviado a una todavía improbable comisión nacional de la verdad. En todo caso, las 29 enmiendas del PP y las 43 de Ciudadanos fueron rechazadas por la izquierda.

Partido Socialista

La diputada socialista María Márquez, que lamentó la abstención del PP y C’s, defendió así el texto: "Después de tantos años las familias siguen buscando a sus seres queridos y claro que la Transición fue buena, señores del PP, pero tiene una asignatura pendiente con ellos… la de una ley para la gente que lleva media vida buscando verdad, justicia y reparación".

Partido Popular

El parlamentario popular Juan Ramón Ferreira dijo "respaldar sin reservas esos principios de verdad, justicia y reparación" de los que parte la ley, así como el derecho de las familias a localizar los restos de las víctimas y a impulsar actividades de exhumación, pero su grupo no podía apoyar el texto, principalmente por el modo en que la ley enfoca el asunto de la educación en las aulas y su desprecio a la Ley de Amnistía.

Podemos

Jesús de Manuel pidió, en nombre de Podemos, perdón por "llegar tarde a quienes nos dejaron sin poder enterrar dignamente a sus seres queridos y también a los descendientes de las víctimas del franquismo que nos acompañan hoy aquí" y se congratuló de que la ley se comprometa a esclarecer y difundir la verdad de lo que ocurrió gracias “a una enmienda de Podemos incorporada después de una laboriosa y negociación".

Habrá, dijo De Manuel, una comisión de la verdad aunque no se vaya a llamar así: “Será lo que han sido las comisiones de la verdad en cualquier país del mundo, con la misma composición y similares objetivos. Si tiene pico de pájaro, plumas de pájaro y alas de pájaro es un pájaro".

Ciudadanos

Para Sergio Romero, de Ciudadanos, es preciso que se destinen "todos los recursos necesarios" para que quienes tienen a familiares en fosas comunes puedan darles digna sepultura. ¿Por qué entonces la abstención de su grupo? Porque la ley cuestiona un periodo que para su partido es "sagrado" como la Transición y su Ley de Amnistía, que "se aprobó para perdonarnos".

Izquierda Unida

Para el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, la sesión plenaria fue "histórica". Esta es, dijo, "la ley que los hombres y mujeres del movimiento memorialista querían". Maíllo reivindicó el trabajo de IULV-CA con esta ley, impulsada durante su etapa en el Gobierno andaluz, y le reconoció al actual Ejecutivo que haya mantenido el mismo texto del anteproyecto aprobado antes del adelanto electoral.

La consejera Aguilar

Cerró el debate la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que agradeció el trabajo que hizo en la anterior legislatura el departamento dirigido por Diego Valderas, presente en la tribuna de invitados junto al secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, la hermana de Manuel José García Caparrós, la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, y distintos representantes de las asociaciones memorialistas.

Para Aguilar se trata de una “ley que pone su mirada en la víctimas y busca reparar el daño causado y dar justicia a las familias", además de ser un texto “vanguardista si bien no parte de cero, sino que acumula la experiencia de casi 20 años de política memorialista por parte de la Junta".