Lema de la campaña promovida por el PP andaluz en Change.org.
fiscalidad

Juego sucio del PP contra el impuesto de sucesiones

Una campaña del partido en Change.org miente al afirmar que “un andaluz que herede de sus padres un inmueble de 200.000 euros debe pagar 28.250”

0
Lun, 6 Mar 2017

El título de la campaña es este: ‘NO al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía. Campaña #Hereda100x100’. La ilustración de la misma es una pegatina con la leyenda ‘Que no te quiten tu herencia’, que a su vez es la ventana de enlace con la campaña desde la web del PP andaluz.

Ha sido promovida por el partido que lidera Juanma Moreno en la plataforma Change.org hasta sumar 82.918 de las 150.000 firmas que se había propuesto reunir antes de entregar su petición a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El PP argumenta que “Andalucía es la comunidad autónoma con más impuestos” y que “el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una injusticia que nos empobrece y fomenta el éxodo de contribuyentes a otras comunidades autónomas”.

Un mal ejemplo

Más allá de lo controvertido de tales afirmaciones, el juego sucio viene cuando el texto pone un caso de tributación que, en realidad, nada tiene que ver con lo que dice la ley andaluza, que establece el mínimo exento en 250.000 euros. Esto sostiene el PP en la petición de Change.org: "Un andaluz de 40 años, soltero, sin hijos, en paro y sin patrimonio alguno que herede de sus padres un inmueble valorado en 200.000 euros debe pagar por ello 28.250 euros, mientras que esa misma persona, en la Comunidad de Madrid, sólo tributaría 282 euros, cien veces menos”.

El desahogo con que el PP maneja un caso que es flagrantemente incierto ha hecho estallar de indignación al número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo: “Es falso. ¡Falso!”, repetía esta mañana en su rueda de prensa habitual de los lunes. Cornejo ha insistido en que el caso que el PP pone de ejemplo el ciudadano en cuestión “pagaría cero euros” y se ha preguntado cómo es posible que el PP “haga una campaña basada en la mentira”.

Cornejo también critica que “la derecha ha montado una campaña para beneficiar sólo a 5.000 andaluces de rentas altas, y para desfondar la financiación de la sanidad y la educación pública”.

Los datos

Según datos del departamento de Hacienda de la Junta, en el ejercicio 2015 el 93% de las liquidaciones presentadas por sucesiones no tuvieron que pagar nada, mientras que si sólo se tiene en cuenta a los grupos I y II de parentesco (parientes directos) sólo pagaron este impuesto el 2% de los declarantes.

El PP también viene afirmando que cada año 40.000 andaluces huyen  de Andalucía buscando una fiscalidad más benigna. Desde el PSOE replican que desde 2007 el número de renuncias a herencias se ha multiplicado en todas las comunidades autónomas. Los datos son estos: en los tres primeros trimestres de 2016 se produjeron 28.295 renuncias en toda España, un 3% más que en el mismo período de 2015. Las dos autonomías con mayor número fueron Cataluña 5.703 y Andalucía 5.108, cifras un 2% superior a la del año anterior. Tras ellas se sitúan Madrid 3.118 y la Comunidad Valenciana 2.659, aunque en ellas se han registrado incrementos del 4% y 6%, respectivamente, sobre igual periodo de 2015.

Según el PSOE, “las renuncias a las herencias están motivadas por multitud de cuestiones, pero no pueden ser achacadas sólo a los impuestos, porque entonces no se explicaría que en Madrid se produjeran 4.120 renuncias en 2015, en Cantabria renunciaran a su herencia 477 herederos o en La Rioja 300 renuncias, comunidades que prácticamente han suprimido el gravamen”.

Mala financiación

Como se sabe, el impuesto de Sucesiones se cedió a las comunidades autónomas como parte del modelo para que los territorios financiaran la educación, la sanidad, la ayuda a la dependencia y los servicios sociales.

La Consejería de Hacienda de la Junta argumenta que  las comunidades que están bien financiadas pueden bajarlo. En cambio, las comunidades perjudicadas por el modelo de financiación autonómica, como Andalucía, “necesitan esa capacidad normativa cedida por el Estado para completar los insuficientes recursos líquidos que le llegan para financiar la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales”.