Si la comisión parlamentaria de la Cámara andaluza que ha investigado la formación fuera un tribunal con cinco jueces, habría dictado al menos tres sentencias distintas. Ayer se conocieron las enmiendas de los grupos políticos a la propuesta de dictamen elevada por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), y de ellas se desprende que las posiciones de los grupos son irreconciliables, pues parecen determinadas mucho más por su posición parlamentaria que por la información aportada por los comparecientes.
Aunque para los grupos de la oposición y para Ciudadanos Chaves y Griñán son responsables políticos, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que ambos fueran citados en calidad de investigados en la pieza separada de los cursos de formación. Igualmente, varios juzgados han archivado también sus investigaciones, aunque hay otras que tdavía siguen en marcha.
La 'pinza' contra Díaz
Quienes más claro lo tienen son IU, Podemos y el PP: para los tres, la presidenta de la Junta es responsable política. Según el PP, durante sus años como presidenta "se perdieron 800,3 millones de euros que se tenían que dedicar a actuaciones en materia de formación profesional para el empleo".
Además de Díaz, el PP también ve responsables políticos a sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los actuales consejeros de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, y de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
En las alegaciones a la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión, el portavoz de Podemos en la misma, Juan Ignacio Moreno Yagüe, recordaba ayer que su formación ha reclamado la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Su argumento es que “no han facilitado el acceso a la formación a los andaluces durante un periodo, que continúa, de cinco años".
Una red clientelar
Por su parte, IULV-CA también entiende que, además de Chaves y Griñán, la presidenta Díaz y su consejero Sánchez Maldonado son "responsables políticos por acción negligente y pasividad". Para Izquierda Unida, se ha constatado la existencia de una "red clientelar política" y de un "fraude político respecto del deber de buen gobierno y buena administración". La federación también considera a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "responsable política por no comparecer en la comisión de investigación".
El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) solo señala a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables políticos de este presunto fraude y elude de toda responsabilidad a la actual jefa del Ejecutivo andaluz.
Para el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, la comisión de investigación "va a dejar claro que ha habido una gestión honesta y decente de los responsables públicos" y que "no ha habido menoscabo de fondos", apuntando que las conclusiones "deben servir para seguir mejorando administrativamente".
