Lo que en principio parecía un brindis al sol pensado únicamente para obligar al Gobierno a rechazarlo, se ha convertido desde este lunes en una realidad de la que se beneficiarán unos 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía al recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, suspendida en 2012 por Mariano Rajoy por exigencia de Bruselas.
Desde luego, el Gobierno central no ha recurrido –y podría haberlo hecho– ante el Constitucional el decreto de la Junta. ¿Después de la subida del Salario Mínimo, será el de las 35 horas el segundo gran acuerdo de alcance social que cierren PP y PSOE? Pudiera ser.
Un fuente socialista razonaba así: "Si Madrid quisiera recurrir la medida, ¿por qué esperar a que se haya puesto en marcha? Si lo hacen ahora, cuando ya es efectiva, enfadarán a los funcionarios mucho más que si lo hubieran hecho en octubre cuando sacamos el decreto".
Entre 7.000 y 10.000 empleos
En declaraciones a Canal Sur Radio, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha recordado que esas dos horas y media semanales de menos se cubrirían con nuevos empleados. Montero calcula que la recuperación de las 35 horas semanales puede suponer la generación de entre 7.000 y 10.000 empleos, aunque los sindicatos "piensan que la cifra se puede incrementar".
La consejera exponía las credenciales que Andalucía le ha hecho llegar al Gobierno para conseguir su luz verde: "Hemos cumplido con los objetivos de déficit, la Junta ha sido leal con el Gobierno, incluso en los momentos más duros de la crisis, y además desde Andalucía hemos trazado una hoja de ruta diferente con medidas reversibles, no hemos echado a nadie".
Respaldo sindical
En los Presupuestos andaluces para 2017, aprobados con el respaldo de Ciudadanos, ya está contemplada la partida para afrontar ese gasto en nuevas contrataciones pactado con los sindicatos de la función pública CCOO, UGT y CSIF el verano pasado, si bien todo ello depende de que el Gobierno central no recurra la iniciativa.
¿Aceptará el Gobierno la propuesta bilateral de la Junta, en cuyo caso podría extenderse a otras comunidades autónomas? La consejera ve muy posible llegar a un acuerdo con el en otro tiempo ‘intratable’ ministro Cristóbal Montoro. A la nueva sensibilidad del titular de Hacienda seguramente no sea ajena la situación de minoría parlamentaria del Ejecutivo, necesitado de acuerdos no solo con su socio oficial Ciudadanos, sino también, si es posible, con el partido Socialista.
Una reunión decisiva
En principio, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se iban a el miércoles 18, en Comisión Bilateral, para abordar la recuperación de la jornada de 35 horas. Sin embargo, el Gobierno central le ha comunicado a la consejera su intención de posponer la reunión.
La consejera Montero ha explicado que el aplazamiento le ha sido comunicado telefónicamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque no se ha concretado aún una nueva fecha del encuentro que tendría, en principio, un carácter técnico, con rango de grupo de trabajo.
El encuentro había sido sido convocado por el Gobierno como administración que preside la Comisión Bilateral y era esperado desde hace semanas, toda vez que la vuelta a las 35 horas ha comenzado este lunes y que la reducción horaria está condicionada a la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de llevarla al Tribunal Constitucional, como ya hizo, con éxito, con medidas similares en Castilla La Mancha y País Vasco.
Un compromiso de Díaz
En octubre pasado el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto ley para la aplicación de la medida, que forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012.
La tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de "extraordinaria y urgente necesidad", ha permitido la implantación de la medida desde este lunes, en que comenzará a aplicarse en la Administración General, en sanidad y en educación, aunque en este último caso solo en tareas no lectivas, ya que la reducción de horas lectivas no se materializa hasta inicios del curso escolar que viene. No se verán afectados por esa recuperación los trabajadores de Justicia, que dependen de la Ley Orgánica del Poder Judicial aunque sean funcionarios de la Junta.
