La controvertida decisión del Ayuntamiento de Madrid de ceder gratuitamente al Opus Dei durante75 años – lo máximo permitido por la ley – una parcela municipal de 15.000 metros en el distrito de Sanchinarro a la Fundación Vianorte-Laguna ha reavivado el debate sobre la gestión del patrimonio público y la laicidad institucional.
La citada fundación se encuentra vinculada al Opus Dei, una circunscripción de la Iglesia Católica fundada en 1928, ha sido objeto de frecuentes críticas desde su creación.
Antiguos miembros y expertos han señalado prácticas de control estricto y que podrían considerarse abusivas sobre sus integrantes, incluyendo restricciones en la libertad para relacionarse con personas no pertenecientes a la organización. Además se han documentado casos de explotación laboral y abusos psicológicos.
¿Es ético la entrega de estos terrenos al Opus Dei?
Esta decisión ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que cuestionan la ética de otorgar recursos públicos a una entidad con antecedentes polémicos e incluso acusaciones de prácticas sectarias y pone en duda la neutralidad del Estado.
Además, la falta de transparencia en el proceso de adjudicación ha sido motivo de fuertes críticas.
Los detalles del concurso, publicados por Somos Madrid, parecen estar redactados a la perfecta medida para la Fundación, que realizó la solicitud de la parcela al Ayuntamiento el pasado noviembre. Sin embargo, curiosamente su nombre no apareció entre los solicitantes del terreno hasta el día antes del cierre de la convocatoria de presentación de ofertas, el pasado 6 de junio.
Los terrenos cedidos cuyo valor estimado por el Ayuntamiento asciende a medio millón de euros (poco más de 33 euros por cada metro cuadrado) se encuentran situados en la avenida Niceto Alcalá Zamora, ubicada entre la calle Fernando de Rojas e Isabel Clara Eugenia, colindantes con un parque municipal de la zona norte de Madrid, en uno de los barrios más cotizados.
La mencionada fundación, vinculada al Opus Dei, pretende destinar el terreno a la construcción y gestión de un centro sociosanitario para personas en cuidados paliativos o con deterioro cognitivo, y se ha traspasado de manera gratuita, según indican “al no llevar aparejada utilidad económica para el concesionario”. Sin embargo, la mencionada fundación facturó en el 2021 (es el último año cuyas cuentas publican en su página web) casi cinco millones de euros, de los cuales más de cuatro millones procedieron del pago de las cuotas de los usuarios de sus servicios asistenciales, similares a los que prestará en esta nueva institución.
En definitiva, la cesión gratuita de una parcela publica, con un valor de millones de euros, a una fundación vinculada al Opus Dei es una decisión con profundas implicaciones.
En un contexto social en el que el acceso a suelo para fines educativos, sanitarios o de vivienda es cada vez más complejo, la ciudadanía tiene derecho a exigir que el suelo público se adjudicado con transparencia y en beneficio de los madrileños.