Asturias, Castilla y León y, sobre todo, Galicia, donde han perdido la vida cuatro personas, viven la pesadilla del fuego devorando hectáreas de su territorio desde el pasado domingo. También Portugal está envuelto en llamas, y allí las víctimas mortales superan las tres decenas. Las autoridades que investigan la tragedia perciben tras ella la mano del hombre, y ecologistas y expertos reclamado más medios para acabar con la impunidad, así como un mayor esfuerzo en prevención.
Escasa capacidad de respuesta
Nicolás López, delegado de SEO/BirdLife en Asturias, ha rechazado para EFE Verde las afirmaciones que vinculan la proliferación del fuego sólo con el cambio climático, la sequía o las condiciones ambientales. “Los pirómanos han aprovechado para prender el monte de noche, hay que acabar con la impunidad”, ha reflexionado en declaraciones a la mencionada agencia de noticias. Además, ha denunciado la “temporalidad brutal” en la contratación de los equipos contra incendios, cuando la labor preventiva “es mucho más importante que la extinción y se realiza todo el año”. A juicio de López, la ampliación de la campaña de verano contra los incendios forestales decretada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) “es una solución de emergencia pero no es la solución”.
Medidas obsoletas
En la misma línea,Lourdes Hernández, del área de Bosques, Incendios y Desarrollo Rural de WWF, lo más preocupante es que las fiscalías no cuentan con los medios adecuados para “poder identificar bien a los culpables, detenerlos y que caiga sobre ellos el peso de la ley”. Hernández ha recordado a Efe que la “coctelera” de los incendios forestales tiene un componente nuevo, que es el cambio climático, junto con la ausencia de gestión forestal, abandono rural, cambio climático y el conflicto social con el uso del fuego como herramienta agroganadera”, y a su juicio, “si se sigue abordando el problema con políticas obsoletas seguiremos condenados a que periódicamente el monte arda”.
Mundo rural descuidado
Por su parte, la responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, Mónica Parrilla, ha recordado que, pese a que el Código Penal prevé penas de hasta 20 años de prisión, aún se producen quemas de rastrojos sin permiso ni supervisión administrativa, y en condiciones meteorológicas adversas. Y Comisiones Obreras ha denunciado la falta de planificación del medio rural y forestal, la ausencia de un auténtico plan de estrategia territorial y la falta de compromiso de los poderes públicos en la lucha contra el fuego.
