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El Gobierno en funciones autoriza un nuevo trasvase Tajo - Segura

Sáb, 4 Jun 2016

El Gobierno en funciones ha aprobado un nuevo trasvase del río Tajo al Segura en una cantidad de 38 hectómetros cúbicos, lo que constituye casi el doble de las cantidades mensuales más recientes. Lo ha hecho tras los análisis y la autorización de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, organismo técnico responsable de aplicar las reglas de explotación del Acueducto que une ambos ríos.

Así se pretende dar suministro a la población de 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería, y el aumento de caudal se justifica desde el Ministerio de Agricultura por el reciente aumento de las lluvias, que ha hecho que los pantanos alcancen el nivel 2. Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha se había manifestado en contra, en las últimas semanas, de que se produjera este nuevo trasvase por considerar que cercena los derechos sobre el agua en su comunidad. Un malestar que va en línea con los recursos que el Gobierno de Emiliano García-Page ha presentado contra todos los trasvases aprobados por el Ejecutivo central; el primero de ellos, el 1 de septiembre de 2015 contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado en julio.

El Trasvase Tajo-Segura se inauguró en 1979, con Joaquín Garrigues Walker como Ministro de Obras Públicas, después de haber pasado décadas tramitándose como proyecto. Se trata de una de las mayores obras hidráulicas que se han realizado en España, con cerca de 300 km. Parte de los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados en el Noreste de Castilla-La Mancha. En el caso de que las reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía no alcancen los 240 hm cúbicos, la legislación impide la realización del trasvase a la cuenca del río Segura.

Además del suministro de agua, sus partidarios siempre han defendido su existencia argumentando que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo relacionados con el sector hidráulico. Pero, con lo largo de los años, la política de trasvase ha encontrado oposición tanto en los ciudadanos como en los gobiernos de los ayuntamientos y comunidades autónomas implicadas.