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Comienza la expropiación forzosa para almacenar gas en Doñana

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Jue, 14 Jul 2016

El Gobierno Central ha iniciado un proceso de expropiación de la treintena de fincas a las que afecta el proyecto Marismas Occidental, desarrollado por Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural-Fenosa, cuyo objetivo es para almacenar gas en el subsuelo de Doñana.

Un informe medioambiental positivo

La expropiación tiene su base en la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del pasado mes de marzo que declara esta iniciativa de utilidad pública, y viene avalada por la correspondiente autorización administrativa, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) expedida por la Junta de Andalucía. Con todo, la decisión no está exenta de polémica, ya que Izquierda Unida ha defendido en Bruselas, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la paralización de estas expropiaciones, entiendiendo, según ha expresado en un comunicado la delegación en Andalucía de este partido, que resulta “peligroso” este “transporte de gas en el subsuelo de Doñana", un lugar con la consideración de Patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea (CE) que reclame información al Gobierno español sobre la iniciativa de Doñana y evalúe si ésta cumple las normativas europeas de protección de espacios ambientales y cambio climático y emisiones. Las instituciones europeas criticaron el pasado mes de junio al gobierno español por permitir la sobreexpotación de de los acuíferos de Doñana. La Junta, por su parte, ha anunciado por su parte aprobará antes de que finalice este mes el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión de Doñana, y ampliará en 14.000 hectáreas el espacio protegido.

ONG preocupadas

Además de ambos partidos, otras organizaciones son críticas con el planteamiento de Gas Natural en Doañana. Así, WWF, advierte de que organismos como la UNESCO han expresado su preocuopación sobre el proyecto, y asegura que “no se ha estudiado adecuadamente el riesgo sísmico del almacén de gas, que, como quedó demostrado con el caso del ‘Castor’, es una amenaza real en este tipo de proyectos”.

Entre los propietarios afectados por la expropiación se encuentran particulares, el Ayuntamiento de Almonte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria o la Comunidad de Regantes del Plan Almonte-Marismas.