El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público un duro documento en el que critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. El texto advierte de que la falta de interés del Gobierno por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”

Sombras y alguna luz
El GRECO también insiste en que para luchar contra la corrupción las autoridades políticas no deberían intervenir en “ninguna de las etapas” del proceso de designación de los magistrados y que en el caso de la elección de los miembros del CGPJ no es así. El grupo recuerda asimismo que ya se han producido advertencias anteriores en ese sentido y que España no ha actuado. Sí valora los pasos dados para que la Fiscalía General del Estado tenga mayor autonomía.

El documento insiste en que existe un muy bajo nivel de cumplimiento de sus recomendaciones por parte de España y pide que se implementen antes del 31 de julio de 2017. También alerta de que la respuesta en materia anticorrupción es “globalmente insatisfactoria”. En cualquier caso el informe también valora en ese campo que se haya trabajado para reforzar los controles del Tribunal de Cuentas o reformas penales para endurecer la persecución del enriquecimiento ilícito y agilizar las investigaciones.

Jueces para la Democracia pide más medios económicos
Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, apuntó a ELPLURAL.COM que el informe es una evaluación sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hicieron en 2014 y que parte de la premisa de que el CGPJ deber tener un sistema mixto de elección, en la línea de las directrices de otros organismos europeos. "Nos decantamos por el sistema de elección corporativa", recordó sobre la postura de JpD. En cuanto a la lucha contra la corrupción, González insistió en la necesidad de más medios económicos "no sólo para el trabajo de los jueces sino también para el de la policía judicial, para caminar hacia una mayor formación y especialización" así como "una batería de medidas integrales para combatir de forma global esta lacra".