Como organización está también procesado en la “PS Boadilla” en calidad de participe a titulo lucrativo y en la “PS UDEF-BLA 22510/13” como responsable civil subsidiario. Según relata el juez Ruz en su auto de formación de la “PS 1ª Época 1999-2005”, las relaciones entre el Partido Popular y Francisco Correa se inician
“a través de su estructura empresarial y como fruto de las relaciones de amistad entabladas con personas afines al Partido Popular (PP), comienza en la década de los años 90 a prestar servicios para dicha formación política, respecto de la organización nacional, tanto en la realización de actos de carácter político como mediante la prestación de servicios a través de su agencia de viajes. De esta manera, Francisco Correa participa en la preparación y ejecución de las campañas políticas como las elecciones gallegas del año 1999, momento temporal en que Pablo Crespo Sabaris ocupaba el cargo de secretario de organización en el Partido Popular en Galicia, quien tras su salida de la ejecutiva de la formación política, pasaría a trabajar para las empresas del Sr. Correa. Las operaciones de las sociedades de Francisco Correa con el PP nacional, relacionadas con la organización de distintos eventos y campañas electorales –principalmente a través de la empresa Special Events-, se producen en la etapa en la que dicha formación política ocupaba el gobierno de la nación, desarrollándose principalmente a través de la relación directa entablada con personas responsables de las distintas áreas del Partido: electoral, tesorería y gerencia, y organización. Así, en esta época Francisco Correa acude con asiduidad a la sede del partido en la calle Génova, entablando relación con el entonces gerente nacional de la formación, Luis Bárcenas Gutiérrez, así como con Jesús Sepúlveda Recio y con Jesús Merino Delgado. De este modo, durante ese tiempo Francisco Correa se relaciona con diversas personas con responsabilidades orgánicas o políticas en el Partido Popular, que por su influencia o su competencia directa en determinadas adjudicaciones públicas, resultan determinantes para que las mismas sean finalmente obtenidas por las sociedades del grupo de Correa, quien se encargará de la entrega de dádivas (desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches u otros objetos o servicios) en contraprestación a los funcionarios y autoridades intervinientes. De esta forma consigue crear una relación estable con estas personas ganando su confianza a la vez que favorece la obtención de negocio para sus empresas. Posteriormente en el tiempo, como consecuencia de los cambios producidos en la estructura orgánica del Partido Popular a partir de 2004, la organización a nivel nacional se desvincula de las empresas de Francisco Correa, si bien éste continuará manteniendo relación con determinados cargos públicos de la formación política, al tiempo que se adapta a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia, con un responsable, Álvaro Pérez Alonso, con experiencia en la organización de los eventos para el Partido a nivel nacional a través de la entidad Special Events, y con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat Valenciana”.
Para el juez Ruz, según el auto de formación antes citado, tras reproducir varias sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional,
“procede tener en condición de partícipes a título lucrativo al Partido Popular, respecto de los delitos indiciariamente atribuidos a los imputados Jesús Sepúlveda Recio y Guillermo Ortega Alonso, en cuanto al dinero en que dicha formación política se benefició al ahorrarse la financiación de campañas electorales en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, en las cantidades de 111.864,32 euros y 125.000 euros, lo que totalizan 236.864,32 euros (…..) A tal respecto, la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, señala en su auto de 11.11.14 que “En el supuesto de autos, existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales desplegadas en Pozuelo y Majadahonda”.
El 23 de marzo del 2015 la cantidad total fijada como fianza que ascendía a 245.492 euros fue depositada por el PP con un aval del Banco Popular.
