La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha apresurado a desautorizar al director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, quien ha comparado la ley de Identidad de Género con el “fanatismo terrorista”. La presidenta regional ha subrayado que “discrepamos absolutamente” de esa postura y ha anunciado que enviarán inspectores al centro” ya que “se trata de un centro sostenido con fondos públicos”. La Consejería de Educación estudiará si las expresiones del director podrían infringir la Ley y hay que abrir un expediente sancionador. “Hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presionar o de influir a los padres, por eso la inspección está estudiando el asunto", ha insistido la presidenta regional.

El Opus en puestos clave de la consejería
Cifuentes actúa con rapidez una vez conocido el caso, pero no puede lavarse las manos ni hacerse la sorprendida ya que entregó la consejería de Educación al ala más ultracatólica de su partido, que lógicamente actuaron como se espera de ellos. Y precisamente será ahora la consejería de Educación la que tendrá que decidir sobre este escándalo…

El Ejecutivo de Cifuentes eligió como director general de Educación de Madrid a Juanjo Nieto, miembro del Opus Dei, que se colocaba así al frente de un puesto clave a la hora de repartir el dinero para la educación pública. Y su portavoz de Educación en la Asamblea es Luis Peral -no consejero como apuntamos inicialmente en esta noticia-. Peral había ocupado esa consejería con Esperanza Aguirre demostrando sus preferencias: subvencionó con dinero público un colegio del Opus Dei que segrebaba a los niños por sexo. También ha sido senador nacional, es uno de los populares fijos cada vez que hay una manifestación contra el aborto ya sea convocada por los obispos o por organizaciones como Hazte Oír y no dudó en apartarse de las directrices de su partido cuando el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma que aguaba el proyecto de Gallardón al respecto. Peral se ausentó del debate sobre la ley contra la LGTFobia y fue sancionado por ello por su partido, a pesar de lo cual sigue siendo el portavoz de Educación del PP en la Asamblea. 

Una cara pública, otra privada

Esa misma vis laica y liberal que la presidenta de Madrid muestra en público, choca con sus elecciones personales para sus propios hijos. Como se recoge en la web LosGenoveses, colaboradora de ELPLURAL.COM. Para ambos eligió colegios religiosos a lo largo de su formación. Elecciones que oscilan entre el centro Everest, que regentan los ultracatólicos Legionarios de Cristo y los jesuitas del ICADE. Además, en la misma web, se explica cómo los dos han recibido, al menos durante el año 2011,  para sus estudios universitarios ayudas sociales de la Asamblea de Madrid siendo su madre Diputada.

Posibilidad de suspender el concierto
CCOO considera que la postura del colegio Juan Pablo II merece una respuesta política contundente que pasa por estudiar la posibilidad de suspender el concierto. La secretaria de Política Social e Igualdad del sindicato en Madrid cree que se trata de “la expresión clara de la apuesta por un modelo social reaccionario y retrogrado, con trasfondo homófobo, que se ha venido consolidando especialmente, en las últimas legislaturas de mayoría absoluta del PP”. Comisiones recuerda que los colegios concertados son parte del sistema público y por tanto “obligados a cumplir con los preceptos constitucionales” y reclaman que los colegios dejen de ser objeto de negocio y materia de “extrañas e intrigantes relaciones” que derivan en sospechosos escenarios corruptos.

¿Con dinero de todos?

Fue en 2010 cuando el colegio Juan Pablo II de Alcorcón fue construido, y se convirtió en el primer colegio concertado en el Ensanche Sur. Pero no antes de un proceso que provocó una gran controversia en el propio Ayuntamiento y entre los vecinos. Y es que el consistorio cedió el terreno a la Comunidad de Madrid para que se construyera un colegio público. Y fue ésta la que, contra la intención de los ediles de Alcorcón, cedió el terreno a la privada Fundación Educatio Servanda, y convirtió el colegio en concertado.

El Ayuntamiento acabó por llevar el asunto a los juzgados donde presentó un recurso contencioso administrativo a la Comunidad de Madrid por la concesión de esta parcela a una entidad privada.