El Grupo Parlamentario socialista (GPS) lo vuelve a intentar. Este martes ha presentado una nueva propuesta ante el pleno del Senado para acabar con los aforamientos que permiten a los cargos públicos retrasar durante años los procesos en los que se ven envueltos. Evidentemente la reciente imputación de Rita Barberá por parte del Supremo ha puesto el tema en primera fila de la atención pública.

Tres Ritas, tres

Los socialistas ya lo habían intentado el pasado marzo, y se encontraron entonces con el muro de la mayoría absoluta del PP. Una situación que, es de temer, podría repetirse en las próximas horas cuando se vote esta nueva moción del GPS. Y razones tienen los populares para resistirse, porque legislatura tras legislatura, siguen dando los escaños a políticos imputados o en vías de imputación.

Por supuesto, esta, que de nuevo parece breve, legislatura, no es una excepción. Y en ese sentido basta con mirar a la bancada popular en el Senado para ver que hay más Ritas y Ritos para quienes la pérdida del aforamiento resultaría algo más que incómodo.

Para empezar, hay tres senadoras que muy bien podrían seguir el paso de la exalcaldesa valenciana. Nos referimos a las senadoras Pilar Barreiro, Adela Pedrosa y Maria Angeles Muñoz.

De líos de recalificaciones a financiaciones ilegales

De Pilar Barreiro hemos escrito en ELPLURAL.COM a menudo. El Supremo, recordamos, acaba de reabrirle, al admitir un recurso de la acusación particular, su investigación por la recalificación de terrenos en el caso Novo Carthago. Además, el PP teme que acabe siendo imputada en la Púnica ya que el juez Velasco acaba de imputar a dos de los más estrechos colaboradores de la ex alcaldesa de Cartagena.

Del caso de Adela Pedrosa, también les informamos en su momento en este periódico. Actual secretaria segunda de la mesa del Senado a propuesta de Rajoy, la Fiscalía la investiga por la utilización de una “asociación tapadera” para financiar al PP de Alicante. De prosperar estas investigaciones, la ex alcaldesa de Elda podría también terminar ante el Supremo.

Y la tercera Rita, podría acabar siendo una clásica con largo historial, Ángeles Muñoz, ex alcaldesa de Marbella, médico reconvertida en millonaria, y a la que la Fiscalía acusa de falsear un plan urbanístico que supuso una regularización masiva de viviendas en aquella localidad.

Más nombres para una larga lista

Pero las otras Ritas no son, ni con mucho, los únicos motivos que el PP tiene en el Senado para oponerse a la eliminación de los aforamientos. Son, si acaso, los más urgentes.

Ahí está también el caso de Javier Arenas, quien lo ha sido todo en el PP y que, aunque no tiene ninguna imputación a día de hoy, hay que recordar que aparece como perceptor de pagos en B en los papeles de Bárcenas, e investigaciones de la UDEF apuntan a su entorno como intermediarios de la Gurtel en Andalucía. Además, la pasada semana Jaume Matas vendía el cuello de Arenas a la fiscalía y le apuntaba como la persona que le puso en el camino, vía Bárcenas, para amañar la adjudicación del hospital de Son Espases.

Tampoco hay que perder de vista el caso de Ovidio Sánchez, senador popular por Asturias y ex presidente del PP asturiano. Las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le señalan como posible asociado a la trama de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para promover, previo pago de comisiones, la captura de negocio por parte de empresas españolas en el extranjero. En concreto, según la documentación del juez, Ovidio Sánchez iba a cobrar, de cristalizar el negocio, un 25% de la comisión resultante de introducir a Central Lechera Asturiana (CLAS) en el «mercado indio».

Los hay por toda España

Pero si hay un campeón en imputaciones que pueden acabar en el Supremo, ese es Juan Pablo Sánchez-Seco, el ex subdelegado del Gobierno en Guadalajara y senador del PP por esa provincia. Un viejo amigo de María Dolores de Cospedal que acumula, una tras otra, hasta 7 imputaciones por prevaricación.

Guillermo Martínez Arcas, senador popular por Ceuta también aparece en la lista previsible de opuestos al fin del aforamiento. Y ello porque ha sido recientemente citado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta, en la causa en la que se investiga el pago de casi 800.000 euros públicos en publicidad institucional entre 2012 y 2015 a una televisión sin licencia.  

El PP madrileño de Cristina Cifuentes también tiene su cuota de ‘no al desaforamiento’. Se trata de Juan Soler, ex alcalde de Getafe, de quien en Los genoveses, página asociada a ELPLURAL.COM, recordaron en su momento su pesado historial. Soler está siendo investigado por regularidades en las adjudicación de un proyecto urbanístico para la construcción del Teatro Municipal.

Juan Manuel Jiménez Morán o Antonio Galván son también motivos de preocupación para el PP. O lo que es lo mismo, alimento para el no a acabar con el aforamiento. Al primero, ex alcalde de Verín y hombre de Alberto Núñez Feijoo, un juzgado le reclama las adjudicaciones de obras en su localidad por facturas presumiblemente infladas y un concurso con indicios de haber sido amañado. A Antonio Galván se le investiga por un delito electoral relacionado con el empadronamiento irregular de hasta 63 personas poco antes de las elecciones locales de 2011

La guinda, en lo alto

Todo un elenco de investigados o imputados que de alguna manera ponen la guinda las dos principales figuras del PP en el Senado. Por un lado el propio portavoz de los populares del Senado, José Manuel Barreiro, sólo recientemente exonerado por el Supremo de un delito de cohecho en el marco de la Operación Pokémon. Por otro el Presidente de la Cámara, Pío García Escudero, quien en su día tuvo que acudir ante el juez Ruz a la Audiencia Nacional, para reconocer, fue el primero, que los papeles de Bárcenas no eran falsos, que, en efecto, él había sido perceptor de dinero de la caja B que llevaba el extesorero.