Soy uno de la mayoría de los catalanes que luchamos por un pueblo de Cataluña solidario con los pueblos de España, obstinados en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado Federal.

Comenzaré con un texto ejemplar escrito en 1876 por un catalanista y republicano como era Pi i Margall: “Derribar y no levantar barreras ha de ser el fin de la política... Enseñemos a nuestros semejantes a vivir con hombres de otras razas y de otros colores no solo en relación al comercio, sino también en comunidad de ideas y sentimientos.  Y añadía, después de reiterar la “ineficiencia del sistema unitario” que “el principio de Federación es el único que puede reunir en un todo orgánico nuestro linaje”.

Con este y otros muchos antecedentes más recientes resultan inaceptables las Resoluciones del Parlament de Cataluña del 9 N de 2015 y del pasado 27 de julio, proclamando el proceso hacia un proceso constituyente que concluirá con la ruptura con España y la pretendida creación de un “Estado catalán independiente”. Representa un levantamiento antidemocrático contra el Estado constitucional actual creado después de tres años de Guerra Civil y cuarenta de dictadura. Es un golpe de estado.

Pero inspira una gran preocupación e incluso temor que una coalición tan insólita como la de Junts per Sí y la CUP, además de minoritaria en votos ciudadanos, sea capaz de desafiar nuestra democracia, atribuirse la representación de toda Cataluña, llamar a desobedecer la Constitución y las leyes democráticas españolas y hacerlo todo como si de un grupo de agitadores se tratase sin ningún fundamento jurídico que justifique su pretendido levantamiento.

Y preocupa por muchas más razones. Porque lo han hecho aprovechando la Ley Electoral española –que les proporcionaba más escaños de los que proporcionalmente les habrían correspondido- y adulterando un proceso electoral con esta finalidad. Que legalmente solo podía ser la alternancia en el gobierno de Cataluña. Estas Resoluciones están por tanto viciadas por un ardid espurio en la aplicación de la legislación electoral.

Además, resulta inadmisible que una decisión política, como son estas resoluciones adoptadas, lo admitan o no, en el marco de un Estado democrático, no tengan ninguna legitimidad democrática.

Nadie duda de la condición de nación de Cataluña y la Constitución de 1978, a pesar de sus precauciones y resistencia, la reconoce implícitamente en la Disposición Transitoria Segunda cuando se refiere a “los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos del Estatuto de autonomía”, entre los cuales solo estaban Euskadi y Cataluña. Ciertamente no se optó -con la conformidad de las fuerzas políticas catalanas- por un Estado estructurado federalmente, pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las Autonomías.

 Es evidente que reconocemos y damos soporte al derecho del pueblo de Cataluña -que, por descontado integre plenamente a la totalidad de sus ciudadanos- a un régimen de autogobierno mucho más amplio en sus competencias y en la exclusividad de la mayor parte de ellas. Pero Cataluña, vinculada históricamente a España desde hace siglos, solo puede y debe hacerlo desde la aceptación y el respeto a las instituciones democráticas españolas que, por descontado, exigen una profunda reforma constitucional

Con un presupuesto irrenunciable: Cataluña no está subyugada ni dominada por España y es falso que la pretendida independencia augure una supuesta libertad de la que ahora se careciera.

Los ciudadanos catalanes, como los españoles están sufriendo de la misma manera los efectos de la crisis económica y de la restricción de libertades. Muy sencillo: el proceso soberanista ha ido en paralelo al desarrollo de las políticas del PP y dirigido (ahora integrados en Junts pel Sí) por una fuerza política, CDC, que como el PP está enfangada hasta el cuello de corrupción. La pretendida independencia comporta calculadamente la plena impunidad. Nadie puede ignorar que con este objetivo pretenden librarse de la jurisdicción penal estatal que, en este momento, tiene sometidos a investigación al fundador de la formación; al exsecretario general de la misma e hijo del anterior y a toda su familia además  a destacados altos cargos de CDC.

Desde el comienzo de este proceso, Convergencia Democrática, o, ahora, el Partit Demócrata Catalá, ha practicado un nacionalismo que le permitía y le permite mantener un equilibrio entre las políticas económicas y sociales más conservadoras y la promesa, por descontado engañosa, de un futuro de prosperidad y justicia.

Exigimos el cese de este proceso fraudulento y solicitamos a la ciudadanía y a las instituciones catalanas lealtad a los trabajadores/as de España que padecen en todo caso las mismas o peores privaciones que los trabajadores catalanes y sobre todo, la “lealtad constitucional”, que exige el Estatuto de Autonomía vigente, hacia la democracia española de la que continúan formando parte y  beneficiándose, sin perjuicio de su profunda renovación y sobre todo, lealtad hacia los pueblos de España. Por descontado, en un Estado de naciones y regiones libres y plenamente reconocidas.

Constituye un gravísimo error histórico romper una convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los nacionalismos, de “nosotros” frente a “ellos”, cuando estos, es decir, a los que llaman “los españoles” están siendo desde hace mucho tiempo los más perjudicados por las políticas neoliberales y autoritarias de los actuales Gobiernos de España y Cataluña, en tantas ocasiones estrechos aliados.

No hemos de olvidar que de producirse esta ruptura se generaría en Cataluña un proceso de crisis de convivencia, de diferencia de trato y consideración, de exclusiones, de menosprecio e incluso de hostilidad, que en algunas ocasiones ya ha aflorado. Basta con repasar nuestra reciente historia europea.

Deseo recomendar a los ciudadanos y formaciones independentistas que tengan presente aquel precioso cartel de solidaridad de la Cataluña republicana durante el asedio fascista a la capital del Estado: “Ajut permanent a Madrid”.