Hoy es martes y 13 para todos, pero especialmente para el Partido Popular que, a lo largo de la jornada, se va a enfrentar a anuncios, denuncias y posibles confesiones que llegarán directamente desde los tribunales.
Las primeras ya han llegado: Bárcenas se retira como acusación contra el PP por el borrado de los discos duros, el Supremo investiga a Rita Barberá por blanqueo y Jaume Matas avisa, está dispuesto hasta a cantar la Traviata para evitar la cárcel. Por lo visto, aquí cada popular mira por su propio futuro y, el exalcalde de Móstoles y ex diputado madrileño, Daniel Ortiz, no iba a ser menos.
Este martes 13, a Daniel Ortiz le esperaba el juez Eloy Velasco y un asiento en la Audiencia Nacional para oír su versión. El popular está acusado por cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de la trama Púnica, pero Ortiz lo ha negado todo.
Según la justicia, el ex alcalde de Móstoles había utilizado su condición para influir y conseguir que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en Móstoles.
A cambio, la trama Púnica habría repartido entre Ortiz y otros miembros del Ayuntamiento nada más y nada menos que una mordida de 746.000 euros. Y esto es exactamente lo que ha negado, haber recibido su parte: 240.000 euros a cambio de conseguir que el contrato fuera para Cofely “independientemente de cuál fuera la oferta más ventajosa”.
Todo fue legal
El popular ha asegurado durante el interrogatorio que el contrato que se adjudicó a Cofely fue completamente legal y, es más, contó con la aprobación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, un argumento que chocha directamente con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Lo único que ha admitido es que envió mensajes y whatsapp al concejal promotor del expediente de contratación, David Sánchez Rey.Según el juez, durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (...) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor".
