Luis Bárcenas le ha dado una buena noticia, por fin, al Partido Popular. Según fuentes que conocen la causa, y con las que ha consultado ELPLURAL.COM, el extesorero ha retirado la demanda contra su antiguo partido en uno de los casos que en una situación más incómoda le había colocado: el de la destrucción de los discos duros de sus ordenadores.

Por falta de recursos económicos

En el escrito en el que renuncia a esta demanda, según publica ABC, el extesorero habría dicho al juzgado que “nadie me ha pedido que retire la demanda. Ha sido una decisión personal dado que no tengo recursos económicos”. El escrito, que ha sido presentado por su abogado, Francisco Maroto, recoge que, aun así, Bárcenas se reserva el ejercicio de acciones civiles que pudieran corresponderle, pero aclara que “desiste de la acción penal”.

El caso, que se ve en el juzgado de Instrucción número 32 de la Plaza de Castilla, que lleva la juez Freire, según fuentes que conocen el caso han explicado a este periódico, no tiene por qué cerrar el proceso, pero también nos advierten que su decisión, que causó gran revuelo, queda muy debilitada por la retirada del demandante.

Los ordenadores que contenían la información de la 'caja B'

En su decisión, tomada el pasado día 26 de julio, y cuyo auto publicamos íntegro en su momento, la juez acusaba al Partido Popular, como tal, de “delito de daños informáticos” y de “encubrimiento”. Y además procesaba también por complicidad a la actual tesorera y gerente de Génova, Carmen Navarro, al asesor jurídico, Alberto Durán, y al director de Informática, José Manuel Moreno.

Recordamos que, según acusó en su momento Bárcenas, en esos ordenadores, un Toshiba y un Apple, habría estado almacenada toda la información sobre la financiación paralela del PP, incluido el supuesto blanqueo de dinero a través de bancos, así como la información sobre diferentes donantes y los detalles del pago a los líderes del partido y del dinero desviado a las campañas electorales.

En su escrito Bárcenas dice que tiene que centrar sus recursos económicos en su defensa en el caso Gürtel, que se inicia el próximo 4 de octubre.