“Reclamamos del actual Consejo General del Poder Judicial la defensa de sus competencias frente a injerencias indebidas e intolerables del Ejecutivo en la independencia judicial, concretadas en los intentos de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio interés”. Así se ha expresado el secretariado de Jueces para la Democracia  a la vez que el presidente  del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, que también preside el CGPJ, junto al rey Felipe V, formalizan hoy la apertura del año judicial.

El temor por la pérdida de independencia judicial  y la instrumentalización constante de la Justicia en el debate político son los dos grandes temas que alertan a la asociación progresista que reclama un pacto de Estado por la Justicia a las fuerzas políticas y que los partidos hagan suyas las reivindicaciones de separación de poderes y reforma del Consejo General del Poder Judicial.

JpD quiere también denunciar “la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia y su trasunto necesario, la independencia judicial, con la falta de un proyecto político claro, valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y deficiencias endémicas, así como la situación de atasco, colapso y precariedad en que se encuentra”.

Instrumentalización política

“Observamos con preocupación la constante instrumentalización de la Justicia en el debate político más allá de un proyecto para su modernización y mejora”, añaden los jueces. “Desde la aprobación de la ya obsoleta Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se han sucedido múltiples reformas y continuos parcheos así como innumerables proyectos de reforma (los conocidos como “Libros Verdes o Blancos”), que, o no han sido tomados en consideración por los sucesivos gobiernos, o no han aportado solución alguna.”

Incluyen aquí dos reformas de la pasada legislatura sostenida por una mayoría absoluta del Partido Popular, una de las cuales, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio (la reforma Gallardón), “ha supuesto la ruptura del principio de separación de poderes con la degradación del Consejo General del Poder Judicial al papel de mero apéndice del Ministerio de Justicia, con el desapoderamiento de sus competencias y un funcionamiento presidencialista incompatibles con el art. 122 de la Constitución”.

Respeto a la libertad de expresión de los jueces

Ven poco adecuado además el sistema de designación de los miembros del Consejo y la excesiva politización en muchos y repetidos aspectos del desarrollo de sus funciones. Lo que plantean es un modelo de Consejo General del Poder Judicial “garante de la independencia judicial, cuyos doce vocales jueces sean elegidos directamente por los Jueces y Juezas, en el que estén representadas las distintas sensibilidades de la carrera judicial y con pleno respeto de la igualdad de género”. 

“Asimismo, exigimos del CGPJ el respeto a la libertad de expresión de juezas y jueces y un cumplimiento escrupuloso de los principios de legalidad, mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos y concursos”, continúan. “La prolongada interinidad de la presidencia de la Sala de la Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vacante desde que su titular es vocal a tiempo completo del Consejo, es una muestra de la falta de respeto por la formación regular de los Tribunales de Justicia amparada desde el Consejo”.

Agilidad frente a la corrupción

No olvidan que “el profundo malestar de la sociedad española sobre las continuas noticias sobre casos de corrupción reclama un poder judicial fuerte, único garante de corregir las desviaciones de poder. Ello implica medidas tales como un nuevo modelo de proceso penal, ágil y moderno, apto para combatir los complejos casos de delincuencia organizada o las tramas de corrupción”.

“O la reforma de las leyes sobre urbanismo y contratos de las administraciones públicas así como las privatizaciones para lograr una mayor transparencia en su ejecución; Y dotar a la Inspección de la Agencia Tributaria de más personal y medios materiales para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”.

Un pacto de Estado

Reivindican como instrumento un pacto de Estado por la Justicia “en línea con lo acordado el pasado mes de diciembre con el resto de asociaciones judiciales, al margen de los vaivenes e intereses políticos, en el que participen todos los grupos políticos con representación parlamentaria, los distintos colectivos profesionales de la Justicia, los sindicatos y la sociedad civil”.

El pacto se basa en un proyecto de modernización y mejora, “con soluciones integrales y permanentes a una Justicia lastrada por los problemas estructurales y tan necesitada de reformas legales (la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal) como de recursos económicos”.

Organización decimonónica

La implantación definitiva de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, introducida en 2003, y la digitalización de los expedientes judiciales, introducida en 2011.  “deberán abocar a una modificación profunda de la planta judicial, adecuándola a la litigiosidad real, y a la implantación de los tribunales de instancia, poniendo fin a una organización decimonónica”.  Por otra parte apuntan que no se han creado órganos judiciales en los últimos años ni plazas “pese a estar a la cola en Europa en la ratio jueces por habitante”.

Precariedad laboral, incertidumbre sobre el destino final de los nuevos jueces, que peregrinan por juzgados y tribunales, dificultad para conciliar la vida personal y familiar y la sobrecarga de trabajo por falta de prevención en salud laboral son algunos de los temas pendientes. “Igualmente, defendemos un turno de oficio de calidad y denunciamos las insuficientes partidas destinadas a la asistencia jurídica gratuita”, añaden.

Llamamiento a las fuerzas políticas

Para JpD los jueces tienen un papel protagonista en la defensa de los más débiles, “ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, menores, discapacitados o inmigrantes”.  Consideran que esto se ha traducido en un incremento de la confianza ciudadana en la Justicia “como garante última de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder”.

Por último Jueces para la Democracia llama a todas las fuerzas políticas “para que en las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno hagan suyas estas justas reivindicaciones”. La idea es que siguiendo la iniciativa parlamentaria unánime de 2001 que se plasmó en una Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, si bien sin fuerza de ley, se alcance “una Justicia transparente, comprensible, atenta y responsable con los ciudadanos”.