Manos a la cabeza, con declaraciones afectadamente escandalizadas, los dirigentes del PP hablan y hablan del desastre para España que supone el seguir sin Gobierno y el descrédito internacional que trae para el país la situación de bloqueo político. Pero, sin la más mínima vergüenza, sólo minutos después de fracasar en el segundo intento de ser investido Mariano Rajoy, los mismos líderes populares hacían público que nombran al panameño José Manuel Soria para representarnos, 225.000 euros anuales libres de impuestos mediante, en el Banco Mundial.

Un candidato contaminado

Las mismas exclamaciones ofendidas siguieron a las sugerencias de que Rajoy era un candidato contaminado al que nadie quiere acercarse (excepto Rivera y su partido, que demostraron en el debate que lo hacían tapándose la nariz), y que los propios miembros del PP debían buscarle un sustituto. Cero sentimiento de contrición en un partido que, al contrario, reunió inmediatamente a su Comité Ejecutivo tras la derrota en el Congreso para apoyar a su líder y advertir que seguiría siendo su candidato.

Ciegos a las cifras que deja el estercolero judicial en el que vive el PP, y que impide, sin que se produzca un cambio profundo en su cabeza, la necesaria regeneración democrática, verdadera causa de la parálisis política en la que vive el país. Una montaña de basura que resulta difícil condensar, pero que Los Genoveses, colaboradores de ELPLURAL.COM, han tenido la paciencia de reunir de manera exhaustiva (y que puede consultarse en toda su extensión aquí).

Para entender la dimensión de las corruptelas ofrecemos un resumen de su trabajo.

Había una vez un partido que hedía...

El Partido Popular, como tal, se encuentra investigado en 5 sumarios, bien acusado como beneficiario a título lucrativo, responsable civil e investigado por blanqueo de capitales. Hablamos de tres procesos de la trama Gürtel (Primera época 1999-2005; Caja B y caso Boadilla), el caso por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, y por el caso Imelsa, dentro de la Operación Taula.

Los jueces que llevan estos procesos han fijado un total de 1.694.844 euros de fianza al PP. Y en los diferentes casos han imputado significativamente a la práctica totalidad de sus tesoreros nacionales (Sanchís, Lapuerta, Bárcenas y la actual, Navarro); a exministros (Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes o Jaume Matas); expresidentes de Comunidades Autónomas (Nacho González, Camps…); exdiputados y exsenadores nacionales (una docena) y autonómicos (otros 11); presidentes de Diputaciones (desde los Baltar en Galicia, pasando por los valencianos Fabra, Rus o Ripoll, hasta Gabriel Amat en Almería); exaltos cargos de la Administración; decenas de exalcaldes y exconcejales…

Y quizás, lo más grave, los jueces y las policías judiciales han pedido al Supremo la investigación de cinco parlamentarios en activo en estos momentos: el diputado por Castellón, Óscar Clavell;  la inefable Rita Barberá; el senador por Ceuta, Guillermo Martínez; la murciana Pilar Barreiro, y el diputado autonómico valenciano Miguel Domínguez.

Pero si el listado de imputados es inacabable, no lo es menos el de los casos abiertos en los que el partido y/o sus dirigentes están envueltos. En total, 31. Su simple relación produce un tufo insoportable. Desde la trama Gürtel y sus once piezas separadas (que especialmente, pero no sólo, manchan al PP en Madrid y Valencia, y que incluyen el asunto de la CajaB o papeles Bárcenas, el caso Jerez, AENA, Boadilla, Arganda del Rey, Fitur, caso visita Papa, o mordida toledana…) pasando por la trama Púnica, (aún en plena investigación y que ya ha afectado a localidades de Madrid, Valencia y Murcia y los gobiernos autonómicos del PP madrileño, valenciano y castellano-leonés) o el caso Acuamed (que costó la dimisión de Ramos de Armas, mano derecha de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría).

..y en el que sus dirigentes hedían...

La corruptela no sólo afectaba al partido nacional, también hay casos que manchan al PP por toda la geografía nacional. Quizás la Comunidad de Valencia sea el ejemplo más aireado (Caso Imelsa, Operación Taula, Emarsa, Brugal, Fórmula 1 o Alviasa), pero ni de lejos es único. En Baleares el caso Palma Arena que instruye el juez José Castro, es un ejemplo de la podredumbre en torno a la financiación del PP. Se trata de un sumario tan complejo que ya cuenta con 28 piezas separadas.

Murcia es otro ejemplo de foco de corruptelas, donde se agrupan tantos casos como en Valencia. O proporcionalmente, quizás aún más. Nos referimos a los sumarios Novo Carthago, Umbra, Nueva Condomina, Escombreras o Puerto Lumbreras.

En Andalucía, el caso Serrallo afecta a 16 personas, entre ellas el exalcalde de Granada; en Castilla y León está el caso Eólicas, en el que se acusa a altos cargos de la Comunidad de beneficiarse de 110 millones de euros a cambio de la concesión de permisos para poner generadores de viento y el caso Perla Negra, que también afecta a altos cargos por operaciones urbanísticas; en Canarias los casos Góndola, Faycan o Eolo, todos por concesiones irregulares; en Melilla la Operación Tosca y Ópera de nuevo por irregularidades en las concesiones de contratos por parte de cargos de la Administración.

Y, por fin, están los casos que afectan a dirigentes particulares específicos. Nos referimos en este capítulo a los que llevan los nombres del exvicepresidente Rodrigo Rato (en el que se mezclan los casos Bankia, tarjetas black y el de sus supuestos fraudes fiscales y patrimoniales); el caso Gómez de la Serna-Arístegui o el caso ático de Estepona, que afecta al expresidente madrileño; el caso Pujalte, donde se investigan posibles delitos de falsedad y cohecho contra el exdiputado que le da nombre al caso y la exsenadora Ana Torme; el caso San Antonio, por el que se condenó al candidato del PP a lehendakari, Alfono Alonso, y a su inseparable Javier Maroto; el caso Baltar, por el que se investiga al junior de la saga por supuestamente ofrecer trabajo a cambio de favores sexuales a una mujer, o el caso Soria de quien hablábamos al inicio de esta crónica.