Una de las condiciones sine qua non que Albert Rivera puso para empezar a negociar con Mariano Rajoy fue la “separación inmediata de todo cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, según se recoge el documento firmado por PP y Ciudadanos.

Pero, conforme avanzan las negociaciones, las cosas van estando más claras y “todo cargo público” parece sólo referirse a nivel nacional, y no a niveles autonómicos o locales, donde están la mayoría de casos de corrupción que señalan al partido de Mariano Rajoy.

Según afirmó el portavoz de Ciudadanos en el parlamento de Asturias, Nicanor García, en declaraciones a La Voz de Asturias, la exigencia de la dimisión de los cargos imputados por corrupción sólo afecta a los representantes “a nivel estatal”, ya que para él pedir renuncias en ayuntamientos o parlamentos autonómicos sería “una pequeña revolución”.

Las palabras de García llegaron tras ser preguntado por el exalcalde de Oviedo y actual portavoz del PP en el Consistorio, Agustín Iglesias Caunedo, imputado en un proceso cercano al caso Pokemon.

Sin confirmación a nivel nacional

La dirección nacional del partido de Albert Rivera no ha aclarado esta limitación de una de sus medidas que podría considerarse más difícil de cumplir por parte del Partido Popular.

Preguntada al respecto Inés Arrimadas, miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, en el programa Al Rojo Vivo, insistió en que “nosotros somos los únicos que hemos conseguido que el PP firme eso”.

Sin afirmar rotundamente en ningún momento que la medida hacia los investigados por corrupción iba a incluir todos los niveles de la administración, Arrimadas defendió que su pacto de investidura tiene como garantía de cumplimiento que “si el PP no cumple se acabó el apoyo de Ciudadanos”.

Los casos más señalados

A Arrimadas se le puso directamente como ejemplo uno de los casos más llamativos de corrupción en el PP, el de los nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia, todos ellos investigados actualmente y que siguen formando parte del grupo popular en el Consistorio pero como independientes, ya que desde el partido se les supendió de militancia.

Por otra parte, aunque la medida acabase aplicándose sólo a nivel nacional, si que afectaría a la senadora Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia durante 20 años, de llegar a ser investigada por el Tribunal Supremo, algo nada descartable ya que ha sido reclamado por la propia Fiscalía.

Otro caso que traería revuelo en las filas de Mariano Rajoy si la medida no se aplicase sólo a nivel nacional sería el del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, imputado por cohecho después de haber ofrecido un puesto de trabajo a cambio de sexo.

Esta medida del pacto ‘anti corrupción’ del PP y Ciudadanos, al igual que otras, tendría una difícil aplicación ya que las actas de diputado, senador o concejal pertenecen a cada político personalmente, y sólo ellos mismos pueden decidir dejar su cargo. Al igual que los aforamientos, sería posiblemente necesario un profundo cambio en la ley, incluso en la Constitución, para retirar de forma automática al ser investigados por delitos de corrupción.