Que el Valle de los Caídos se convierta en un espacio de Memoria para las víctimas; que los restos de Franco y José Antonio se trasladen; medidas para exhumar e identificar a las víctimas allí enterradas y la petición pública de perdón por parte de la autoridad competente, son las peticiones que incluye la demanda hoy presentada ante la Sala III del Tribunal Supremo. Tres abogados, Baltasar Garzón, Manuel Ollé y Eduardo Ranz son los autores de este escrito ante el alto tribunal.

“No existe – dice la demanda- mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar, ni honrar su memoria”.

Vulnerado el derecho de petición

La demanda contencioso-administrativa presentada hoy ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo insta a la reconversión del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria de las Víctimas, que se trasladen los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de  Rivera, así como medidas para arbitrar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas.

Asimismo, piden a la Sala que declare la vulneración del artículo 29 de la Constitución, relativo al Derecho de Petición, por la falta de contestación al escrito enviado al Consejo de Ministros por los juristas el pasado 19 de noviembre de 2015, que incluía las mismas peticiones de la demanda presentada ahora. El Gobierno no respondió.

Pedir perdón a las víctimas

Los demandantes plantean  la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.

Se solicita también el traslado de los restos de Francisco Franco Bahamonde y de José Antonio Primo de Rivera al lugar que designen las respectivas familias y la constitución de una dotación económica suficiente, a cargo del Estado, para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el lugar, previa solicitud al efecto.

Un nuevo marco jurídico

La demanda solicita la anulación del Decreto de 1 de abril de 1940 y del Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957,  de creación de la Basílica y de  La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “en cuanto contradicen la letra y el espíritu de la Constitución Española de 1978 y la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (de Memoria Histórica), por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

En este orden plantean la aprobación de una disposición de carácter general que establezca “un nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos y la institución que lo dirige, sus bienes y cuantas otras relaciones y situaciones jurídicas puedan verse afectadas”. En todo caso, añade la demanda, se garantizará y establecerá “el mecanismo de consulta pertinente para que las víctimas puedan participar en la formulación y desarrollo de dicha normativa”.

Espacio de memoria

El contenido de la nueva normativa debe incluir, según los autores de la demanda, la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de memoria, “donde las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, puedan ejercitar su derecho a la Verdad y a la Reparación”.

El objetivo en ese sentido sería crear un lugar de identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran allí inhumados. La publicación oficial del nombre de todas las víctimas. Y la información suficiente para que quienes acudan a visitar este nuevo espacio puedan conocer su sentido original y actual.

Además, piden la creación de un Centro Ocupacional de Memoria y los mecanismos que garanticen el más amplio acceso a los archivos e información del Valle de los Caídos, con sujeción expresa a las normas aprobadas en la Ley de Transparencia de 9 de diciembre de 2013.