Hoy se contabiliza la sexta resolución desde 2010 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por no investigar las torturas cometidas en detenidos por un nuevo caso analizado, el de Xavier Beortegi. Hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado olímpicamente de estas reprobaciones. Pero en paralelo la Audiencia Nacional acaba de admitir a estudio la recusación presentada contra el magistrado José Ricardo de Prada quien el 15 de abril en un foro por la convivencia celebrado en el País Vasco, manifestó que la tortura se había dado de forma episódica y que había tenido muchos casos de existencia o sospecha fuerte de tortura sin respuesta por parte de los tribunales.
Paradójica situación. Parece que el Ejecutivo no tiene mayor interés en aclarar un tema crucial en la garantía de los Derechos Humanos, pero sí está dispuesto a no permitir ninguna voz discordante en este asunto como bien expresó el ministro de Interior en cuanto a los comentarios del juez. Jorge Fernández amenazó con denunciar a José Ricardo de Prada ante el consejo General del Poder Judicial y le dedicó exabruptos no ajenos al insulto.
España debe investigar la tortura
Lo cierto es que, frente a las opiniones del Gobierno que habitualmente no ha querido ni oír hablar de este tema, en una resolución judicial que ha sido conocida esta mañana, el TEDH exige que España mejore el sistema de investigación de los médicos forenses cuando atienden a las personas detenidas en régimen de incomunicación y que elabore un código de conducta a seguir por la policía a fin de que el trato sea correcto.
Así lo viene planteando desde hace años el Comité para la Prevención de la Tortura como recoge el Tribunal Europeo. España tendrá que abonar también 20.000 euros a Xavier Beortegi el protagonista de estos malos tratos que según denunció le fueron conferidos por agentes de la Guardia civil en enero de 2011 en el transcurso de una detención relacionada con la banda terrorista ETA.
Declaraba Beortegi ante el TEDH que recibió golpes, insultos y humillaciones, que tras declararlo así se retractó de estas palabras si bien más tarde presentó una denuncia por torturas que pasó por diversas instancias donde fue rechazada hasta llegar esta instancia judicial europea que, como en otras ocasiones, ha considerado que estas denuncias han sido insuficientemente investigadas pese a sus reproches en este sentido.
Pasando de condena y denunciando a un juez
Mientras así se expresaba el alto tribunal europeo, en Madrid, en la Audiencia Nacional se admitía ayer a trámite el estudio de la recusación contra el magistrado de la Sección II de lo Penal, José Ricardo de Prada, quien en un foro por la convivencia celebrado en el País Vasco el pasado 15 de abril en el que participaron diferentes protagonistas del conflicto, dijo que la tortura se había dado de forma episódica, no de forma generalizada. Que él había tenido muchos casos de existencia o sospecha fuerte de tortura y que lamentablemente la respuesta de los tribunales “no ha sido acorde con el Estado de Derecho”.
El magistrado aclaró previamente que hablaba no como juez “sino como ciudadano”. Añadía que “los jueces no hemos sabido investigar adecuadamente las denuncias de tortura”. Y matizaba que el TEDH “no decía que esas torturas hubieran existido sino que no se habían investigado”. Estas palabras pudo comprobarlas ELPLURAL.COM escuchando la intervención.
Fernández al ataque
El diario GARA daba cuenta de las palabras del juez y cinco días más tarde el diario ABC hacía suya la información del periódico abertzale denunciando las opiniones del juez. A raíz de ello el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández, arremetía contra el juez al día siguiente, 21 de abril pidiendo que el Consejo General del Poder Judicial adoptara "algún tipo medida" y que estudiara "como mínimo si puede tener la responsabilidad que ocupa”.
No se cortó el ministro. Calificó las palabras de “infames” y de “indignas” considerando que ofendían a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” y no olvidó hacer el comentario de que “la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo”.
“El ministro no defiende los Derechos Humanos”
La asociación Jueces para la Democracia manifestó su indignación recordando a Fernández que cuatro agentes fueron condenados por torturas y posteriormente indultados por el Ejecutivo. Comparaban además la trayectoria profesional de José Ricardo de Prada y su trabajo en defensa de los derechos humanos lamentando no poder decir lo mismo del titular de Interior (en funciones) “que pasará a la historia como el ministro que ha impulsado los mayores recortes de derechos y libertades de nuestra democracia”.
Ni cortos ni perezosos, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los abogados del concejal de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica que sufrió un intento de asesinato por parte de ETA, presentaron una recusación contra el magistrado para obviar su intervención en próximos juicios que deben entender de la situación de personas acusadas de pertenecer a ETA o a su entorno por dudar de su imparcialidad. Los instructores nombrados por la Audiencia Nacional para estudiar el incidente de recusación acaban de acordar admitirla a trámite.
Curiosamente Ruiz de Langarica aportaba en su denuncia el artículo de ABC que este diario había recogido de GARA, es decir, que no recogía directamente la intervención de juez en el foro. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, apoyó la admisión a trámite la recusación.
Un juez molesto para el PP
De ese modo se da el caso de que mientras el TEDH condena a España por no investigar torturas por sexta vez desde el año 2010, la Audiencia abre el melón de indagar e incluso de la posibilidad de llegar a apartar a un juez de los procesos que deba enjuiciar por referir esa situación.
Bien es cierto que el juez de Prada es molesto para determinados sectores del Partido Popular e incluso, según se comenta en la Audiencia Nacional, para otros colegas como los jueces recusados para formar parte del tribunal Gurtel Concepción Espejel y Enrique López. De Prada, considerado un excepcional jurista es suele redactar votos particulares cuando está disconforme con la aplicación del Derecho en las sentencias por parte de sus colegas.
Esta situación suele darse con cierta frecuencia dado el talante conservador de sus compañeros de Sala que contrasta con el espíritu más abierto del magistrado De Prada. Tal y como publicó ELPLURAL.COM, existe una opinión generalizada en el ámbito jurídico de que su presencia en el tribunal que enjuiciará el caso Gürtel lleva a intentar desprestigiarle o apartarle. Como explicaba un abogado a este medio: “El PP quiere como sea allanar el camino para que Gürtel llegue a buen puerto. Siguen intentando que la justicia hable con voz única”.
