Son dos de los nombres emergentes dentro del PP, de esos que su partido promociona como 'gestores' eficaces. Puro marketing, porque la realidad no sostiene tal imagen, más bien todo lo contrario. ELPLURAL ha venido informando puntualmente de la hipoteca injustificable que dejaron en Vitoria dos exalcaldes del PP ahora pesos pesados en Génova 13, Alfonso Alonso y Javier Maroto. Y ahora el Tribunal de Cuentas ha condenado a Alonso, ministro de Sanidad en funciones, y a Maroto, secretario sectorial de PP,  junto al resto del gobierno municipal de la capital alavesa entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria.

"Negligencia grave" que costó mucho dinero a los vitorianos
El Tribunal de Cuentas estima de esta forma parcialmente la demanda interpuesta por la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV), el PSE-EE y el PNV, y considera que Alonso, Maroto y los otros siete acusados cometieron una "negligencia grave" y son responsables contables directos de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler. El PP ya ha avanzado a Efe su intención de recurrir esta sentencia hecha pública hoy. El juicio por este alquiler se celebró el pasado 11 de abril en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. En este procedimiento el actual gobierno municipal, así como el PSE-EE y el PNV, que han ejercido la acusación, han mantenido que existía una "responsabilidad contable" del entonces equipo local, en el que Maroto era el concejal de Hacienda, al entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe técnico municipal.

Precio desorbitado y encima blindado
El tribunal recuerda ahora que ese informe, fechado el 12 de enero de 2007, recomendaba una renta de 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario. Sin embargo, el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno municipal en febrero de 2007 estableció una renta de 12.500 euros al mes más IVA, con una actualización anual en base al IPC mas una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 10 años. El contrato que finalmente firmó el consistorio con la empresa Sbayre, del citado empresario, mantuvo las condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno municipal y aumentó a 20 años la cláusula de blindaje.

Ignoraron el informe técnico e incluyeron ventajas para el empresario
El Tribunal de Cuentas advierte de aunque el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno lo que hizo el Ayuntamiento fue "separarse" de dichas recomendaciones para "incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento" sin una "justificación adecuada y suficiente". El órgano fiscalizador también dice que se ha acreditado que existió una negociación entre el Ayuntamiento y la empresa Sbayre que influyó "decisivamente en las estipulaciones incorporadas al contrato en materia de rentas, actualizaciones, duración y gastos generales". El tribunal considera que el informe técnico "era lo suficientemente solvente para ser una "referencia" en el contrato, del que sólo se debería haber apartado el consistorio de haber mediado alguna causa "relevante" que lo justificara, cosa que no se estima acreditado en este caso. a la ciudad antes de irse.