El excoronel salvadoreño Inocencio Montano, el hombre que presuntamente ordenó “maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo” causando así la muerte violenta de cinco jesuitas en 1989, entre ellos el sacerdote vasco, puede ser extraditado a España ya que la magistrada del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, Kimberly A. Swank ha aprobado el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

A Montano quien también fue viceministro de Defensa, el juez le reclama desde el año 2011 en aplicación de la Jurisdicción Universal por estos asesinatos cometidos durante la guerra civil de El Salvador que se produjo entre 1980 y 1992. Gracias a los tratados entre España y Estados Unidos, la jueza ha visto la posibilidad de responder afirmativamente al requerimiento de Velasco.

Aún puede recurrir
Montano se encuentra en prisión provisional en una cárcel de Carolina del Norte y ahora pasará a la custodia del cuerpo de alguaciles de Estados Unidos que le custodia hasta que el Departamento de Estado conceda la aprobación definitiva para su entrega a España. Sin embargo, Al antiguo coronel le queda aún la posibilidad de interponer un recurso contra la extradición, lo que podría suponer un retraso en el proceso.

Amenazó a los jesuitas
El argumento de Estados Unidos, que ha actuado en nombre de España, es que el exmilitar había amenazado por la radio del Ejército a los jesuitas vinculándolo así con los asesinatos. Añadía el Gobierno norteamericano que el día previo a la matanza, el acusado, por su cargo de viceministro, participó en una reunión en la que uno de sus hombres, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que cometiera los asesinatos.

El único caso vivo de Jurisdicción Universal
El caso de Ignacio Ellacuría y sus compañeros asesinados es en la práctica el único de Jurisdicción Universal que ha sobrevivido en la Audiencia Nacional española desde que el Gobierno de Mariano Rajoy reformara la ley el 13 de marzo de 2014. El resto de casos están provisionalmente sobreseídos y queda otro proceso “dormido” que afecta a presuntos delitos de terrorismo, genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales en Guatemala.

Montano y otros 19 militares fueron sometidos a juicio en El Salvador. Pero el juez Eloy Velasco manifestó su desacuerdo considerándolo un fraude de ley. La Asociación pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad solicitaron que la Audiencia Nacional investigara a lo que Velasco accedió.

Como resultado de su actuación solicitó esta extradición a la que ahora ha dado luz verde la Magistrada Swank al considerara según su dictamen que "existe causa probable para creer que el acusado cometió los delitos de asesinato terrorista, de los que se le acusa en España”