La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha iniciado una campaña contra la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada por el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid el pasado mes de julio. Concretamente reclama "el cierre del servicio municipal" por dos razones fundamentales: "Por el servicio real que presta en favor de las tesis de las entidades financieras" y por "el efecto imitación que puede generar en otros Ayuntamientos y Comunidades donde prevalezca el lucro político del gobierno de turno frente al estudio y solución de los problemas con implicación real de los afectados".
De 700 peticiones solo han resuelto 84
La PAH denuncia entre otras cosas que la oficina municipal solo ha resuelto 84 casos de las más de 700 peticiones de ayuda registradas desde que se abrió. Pero la Plataforma denuncia también oscurantismo y falta de información, algo radicalmente contrario a lo prometido por la alcaldesa, Manuela Carmena, y su equipo en un tema especialmente sensible para ellos, dado que los desahucios han sido y sigue siendo la gran promesa electoral de Podemos y sus grupos afines.
A ello hay que añadir que en el último trimestre de 2015 se realizaron 908 ejecuciones hipotecarias. Puestos en contacto con el gabinete de prensa del equipo de Gobierno del ayuntamiento, la respuesta es que intentarían darnos su valoración "lo antes posibles". No obstante, el diario El Mundo recoge declaraciones de "fuentes oficiales" del consistorio según las cuales va "a valorar lo que dice la PAH".
Duras críticas y recogida de firmas
La Plataforma Antidesahucios de Madrid ha hecho público un comunicado en su página web en el que arremete con dureza contra la oficina municipal, a la que define como "gestionada por una fundación de notarios" cuando está “pagada por nuestros impuestos" mientras la Plataforma "sigue parando desahucios, sin ningún apoyo institucional y obstaculizada en su acción por la OIH" (Oficina de Intermediación Hipotecaria) de Carmena.
En dicha página web, además del duro comunicado contra la oficina, se ofrece a los ciudadanos un documento que pueden firmar dirigido a todos los grupos municipales en los que se demanda información del trabajo de la oficina, exponen sus críticas y finalmente piden su cierre.
