El fiscal Horrach defiende aplicar la 'doctrina Botín' a la Infanta

El fiscal del caso Nóos; Pedro Horrach, ha pedido que la Infanta Cristina sea exonerada de someterse a juicio en aplicación de la doctrina Botín, durante su intervención en el juicio que se celebra este lunes en Palma.

La denominada doctrina Botín fue inaugurada por el Tribunal Supremo en 2007 y establece que la acción popular no es suficiente para juzgar a un imputado si el Ministerio Fiscal y la persona imputada reclaman el sobreseimiento. En el caso que afecta a la hermana del Rey, sólo el sindicato Manos Limpias pide su condena para la infanta.

El juez rechaza que se pueda aplicar la doctrina
Uno de los abogados de la Infanta, Jesús María Silva, durante su turno de palabra ha pedido también el sobreseimiento de la causa respecto a la hermana del Rey y ha calificado de "pesadilla jurídica" la situación que está padeciendo su defendida.Esta mañana, en declaraciones a la Cadena SER, el juez José Castro, ha rechazado que se pueda aplicar la citada doctrina a la Infanta.

La Infanta y Urdangarin entraron juntos
La Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin han llegado a los juzgados de Palma de Mallorca, donde se juzgará a partir de este lunes el caso Nóos.  Ambos se sientan en el banquillo acusados por su implicación en esta trama de desvío de fondos públicos y presuntos delitos contra Hacienda.

Diego Torres, su mujer y Matas
El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, también ha llegado a los juzgados, acompañado de su mujer; lo mismo que el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que adjudicó al exduque de Palma contratos públicos.

Los exduques han entrado juntos
La Infanta Cristina y su marido han accedido juntos al edificio donde se celebrará el juicio a partir de las 09.15 horas, sin detenerse ante las decenas de periodistas que esperan a las puertas del edificio, aunque la Infanta ha saludado con un "hola" a los informadores.

Minutos antes habían llegado sus respectivos abogados. El primero en acceder ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sobre las 07.50 horas, y cinco minutos después lo ha hecho el equipo que defenderá a la infanta: Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord.



La defensa de la Infanta pedirá que sea exonerada
En la primera jornada del juicio está previsto que las defensas planteen las cuestiones previas. La defensa de la Infanta Cristina solicitará al tribunal que la exonere de la acusación de delito fiscal porque la única parte acusadora que la mantiene, el sindicato Manos Limpias, no está legitimada para sentarla en el banquillo.

Cooperadora de su marido
La Infanta está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. Manos Limpias pide que sea condenada a 8 años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la doctrina Botín. Roca y Silva pedirán la estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de dicha doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la Iinfanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.



Una pena de 19 años de prisión para Urdangarin
Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.

Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.