Hospital Gregorio Marañon. Foto: Madrig.org
La trama de malversación del hospital Gregorio Marañón de Madrid, investigada en un juzgado de la capital, realizó al menos 2.770 análisis a pacientes de dos clínicas privadas: Nuestra Señora del Rosario y San Rafael, utilizando medios públicos.
Registro policial
El lunes pasado la jueza que instruye el caso ordenó un registro en el departamento de Anatomía Patológica del hospital, donde, según la investigación, varios médicos, con ayuda de técnicos, se lucraron efectuando biopsias y citologías a pacientes de clínicas privadas en el centro público, que luego facturaban a sus clientes, según adelanta El País.
62.474 euros públicos
Las pruebas de las dos clínicas privadas se habrían analizado en los costosos equipos de Gregorio Marañón entre 2012 y 2015, que habrían supuesto un gasto de 62.474 euros. El hospital realizó 1.701 técnicas diagnósticas a pacientes de Nuestra Señora del Rosario y 1.069 a los de San Rafael. La magistrada también relaciona estas prácticas con el laboratorio ROES de Anatomía Patológica.
Un médico lo denunció
En marzo de este año, un médico del hospital, Juan Carlos Martínez, especialista en Anatomía Patológica, lo denunció ante al director médico, Eduardo Junco, pero, según su declaración ante el fiscal, éste no hizo nada. Al final, CC OO llevó el caso a la Fiscalía, que denunció por malversación a 12 sanitarios del centro.
El médico desveló a la dirección irregularidades, como que en la mesa de una técnico había sobres con membrete de la clínica Nuestra Señora del Rosario que contenían muestras para realizar técnicas de inmunohistoquímica.
De acuerdo con la investigación, técnicos implicados en la presunta trama corrupta llegaban media hora antes de su horario y hacían los análisis de las muestras de las clínicas privadas.
La Comunidad personada como acusación
El caso salió a la luz tras una denuncia de Comisiones Obreras, a raíz de la cual la dirección del hospital abrió una investigación interna y solicitó la intervención de la Inspección de Sanidad dependiente de la Consejería de Sanidad. Tras concluir el informe, la Inspección lo trasladó a la Fiscalía y un juzgado de Madrid abrió diligencias por la vía penal, causa en la que el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió personarse como acusación particular, al considerarse parte afectada, dado que el "daño" para las arcas públicas habría sido de casi unos 63.000 euros.
Desde el departamento de Comunicación de la Consejería de Sanidad se ha explicado a ELPLURAL.COM que, al margen del procedimiento penal abierto, la Consejería continuó con el proceso administrativo relativo a los 8 imputados que no habían solicitado la preceptiva autorización para compatibilizar su trabajo en centros públicos y privados. De dichos expedientes, 7 se han resulto ya: uno quedó sobreseído, 4 profesionales fueron sancionados con suspensión de empleo y sueldo durante un mes y a otros dos facultativos sancionados por dos meses.
La jueza llama a declarar a los implicados
La jueza, María Dolores Baeza, ha citado a declarar como imputados a cinco personas, entre ellas un médico que fue máximo responsable del departamento de Anatomía Patológica del hospital hasta su jubilación el 30 de septiembre de 2013: Emilio Álvarez Fernández, un patólogo muy prestigioso, premiado por el Gobierno de Ignacio González con una medalla de plata concede la Comunidad de Madrid a destacados empleados públicos.
El hospital San Rafael tenía contratado su servicio de Anatomía Patológica con el Instituto Doctor Álvarez, propiedad de Emilio Álvarez Fernández.
Otro de los imputados es Miguel Ángel López de la Riva, otro reputado patólogo con laboratorio propio, el Centro Dr López de la Riva de Anatomía Patológica y Citología, situado en O’Donnell 20, a pocos metros del Gregorio Marañón. López de la Riva se jubiló en 2012 como funcionario del Gregorio Marañón (fue jefe de sección entre 1977 y 2012), además de profesor de en la Complutense.
Otras dos imputadas son Beatriz López Martínez-Bernal, hija de López de la Riva, y Carmen López Varela, ambas patólogas del Gregorio Marañón. El quinto imputado, también médico, es Manuel Lecona, relacionado con el laboratorio ROES, a cuyos pacientes presuntamente también se hicieron análisis gratis en el Marañón.
