En un tiempo récord los 11 magistrados del Tribunal Constitucional han anulado por unanimidad la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña. La moción se aprobó en el Parlamento Autonómico el pasado 9 de noviembre, dos días después el Gobierno la recurrió, ese mismo día se admitió a trámite y se suspendió cautelarmente la resolución soberanista. Con una rapidez inusual para el Constitucional y a pocas horas de que comience la campaña electoral, el Tribunal lamina en términos jurídicos lo aprobado en el Parlament de Cataluña.

Artur Mas interviene en el Parlament catalán en el debate sobre la declaración de independencia. EFE



No se avisa de consecuencias si se incumple
El dictamen del Constitucional no incluye ningún apercibimiento legal a cargos del gobierno y del Parlment en caso de que desobedezcan e incumplan la resolución, algo que sí se hizo el pasado 11 de noviembre cuando suspendió cautelarmente el acuerdo al admitir a trámite el recurso del gobierno central. El gobierno de Rajoy modificó en solitario y con los votos en contra de todo el resto de partidos, la ley para que sea el tribunal Constitucional el que aperciba de consecuencias legales, incluidas las penales, en caso de que no se cumplan sus resoluciones. El cambio unilateral de la Ley ha sido criticado unánimemente por todos los estamentos judiciales, dado que consideran que lo que hizo el gobierno de Rajoy fue traspasar la responsabilidad política al Constitucional. Hasta la entrada en vigor de esa Ley hubiera tenido que ser el Gobierno quien apercibiera y demandara a las autoridades catalanas si incumplen las sentencias del Constitucional, ahora el PP le pasa la patata caliente a la más alta instancia judicial española.

Sí se advirtió en noviembre
El pasado 11 de noviembre el Constitucional suspendió cautelarmente la declaración independentista, algo que ocurre automáticamente en cuanto se admite a trámite un recurso contra la una Ley.
El Constitucional, obligado por el cambio legal que hizo el Gobierno en octubre, notificó por escrito y personalmente a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a 19 altos cargos más de la mesa del Parlament y de la Generalitat, la suspensión cautelar de la declaración y les advertía de posibles responsabilidades, incluidas penales, en caso de desobediencia. El Tribunal Constitucional les recordó el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión”.