José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana, exvicepresidente de Bankia, y expresidente de las antiguas Cajas de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Valencia y Bancaja, ha visto desbloqueadas sus cuentas, con la viabilidad de recibir la cantidad de 3.500 euros al mes.




El político, que tiene sus bienes y cuentas bloqueadas y tres causas abiertas en dos juzgados diferentes por administración desleal, estafa o fraude por miles de millones de euros en las entidades de Bankia, Banco Valencia y Bancaja, donde dejó un agujero de 1.700 millones en los bancos fusionados con Caja Madrid. Hecho que  provocó el rescate del banco y la inyección de 23.000 millones de euros de dinero público.





La gestión, plagada de irregularidades, abarca una serie de supuestos ilícitos, donde destacan los créditos concedidos a empresarios amigos por encima de 500 millones de euros, que tal y como informó la SER, "evadieron parte del fraudulento pelotazo obtenido en el proyecto Grand Coral a cuentas de Suiza y Andorra, y le correspondieron con viajes gratuitos a Cuba en jet privado".





Por otra parte, otro de los dirigentes imputados es Tomás Codoñer, exdirector de Bankia Habitat,  a quien se le han concedido 3.000 euros al mes  en gastos personales y otros 1.700 para hipotecas.





Un juez compasivo
A pesar de los delitos que se le imputan a Olivas, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha desbloqueado sus cuentas, concediéndole 3.500 euros mensuales. En este sentido, esta acción poco habitual en Magistratura, y aduciendo a las palabras de la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, quien era partidaria de permitir tan solo una asignación mensual de 648 euros, ha aceptado que el procesado por estafa y malversación viva en función de sus posibilidades. Por su parte, la fiscal ha alegado que la justicia no es responsable de que los imputados adquirieran compromisos de gasto “por encima de sus posibilidades”.





Fuentes jurídicas señalan que el juez se mostró condescendiente con el dirigente político, puesto que los casos que verdaderamente le interesan son aquellos relacionados con el terrorismo de ETA o de la Grapo. Por ello, le ha justificado admitiendo que "ahora se encuentra en el paro”, y considera este incremento de sus asignaciones mensuales porque “con menos no se puede vivir”.