¿Denunciarías un caso de corrupción? Antes de contestar, piensa en las consecuencias de una respuesta afirmativa. Porque en caso de hacer lo que moralmente se debe, te enfrentas a una más que probable pérdida de tu trabajo. Y aún más, es también posible que tardes años en encontrar uno nuevo. Revisa tu cuenta bancaria porque tienes que estar preparado para los gastos jurídicos que te esperan. Tu abogado, las tasas, el procurador y demás, saldrán de tu bolsillo, pero el ayuntamiento o la institución que toque se estará defendiendo con el dinero de los contribuyentes, lo que se traduce en: gasto ilimitado.
Esperemos que tus compañeros de trabajo sean tan honrados y valientes como tú, porque si no, es muy posible que te den de lado, incluso puede que testifiquen en tu contra por miedo, porque habrán recibido las mismas amenazas que tú. Esto te desmoralizará así que puede que tengas que recurrir a ayuda psicológica, que nuevamente, pagarás de tu bolsillo.
Tal vez pienses que este es el guión de una película de terror o que hablo de alguna república bananera de algún país muy muy lejano, donde no se protegen los derechos y garantías de los ciudadanos, pero esto ocurre en nuestro país, seguro que en tu ciudad y tal vez sea el caso de alguno de tus vecinos. Así viven personas como Ana Garrido, Itziar González, Albert Gadea, Maite Carol o Fernando Urruticoechea.
La figura del interventor, o como gastar el dinero del Estado sin sentido
Para quienes no lo sepan, las principales funciones de un interventor son el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos en la administración. Cada ayuntamiento español (hay más de 8.000) cuenta con un interventor, funcionario del Estado.
Fernando Urruticoechea es interventor desde hace más de 20 años, pero no es como la mayoría. En este tiempo ha presentado más de 1.000 informes de ilegalidad. ¿A quién se los presenta? Al alcalde al que acusa de actuar de forma irregular. ¿Y si éste decide ignorar su informe? Entonces nada, ahí se queda todo, porque los interventores no tienen un órgano o instancia superior a la que denunciar la ilegalidad cometida. "Han llegado a tirar mis informes a la basura delante de mí; saben que no podemos hacer nada" dice a ELPLURAL.COM.
Su tenacidad a la hora de defender el dinero público le obliga a cambiar de Ayuntamiento como mucho cada cinco años, sometido a presiones, acoso y aislamiento insostenibles para cualquier ser humano. La amenaza habitual: solicitar al Ministerio (Hacienda y Administraciones públicas) que se le abra un expediente disciplinario que puede dejarle sin empleo a pesar de haber aprobado las oposiciones del Estado. El colmo del sinsentido. El interventor no puede hacer nada por defender el dinero público, pero puede ser expulsado si molesta demasiado al alcalde de turno.
Como Fernando cree que tiene que defender el dinero de los contribuyentes, que somos quienes además le pagamos su sueldo, molestó mucho al alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio (PP), conocido en la localidad alicantina como 'el faraón de Crevillente' por su gusto por la egiptología, que le llevó a construir un obelisco en su municipio en 2007, de 37 metros de altura, recubierto de vidrio y que costó cerca de 600.000 euroa Asencio lleva 20 años en el cargo, así que la llegada de Fernando a su Ayuntamiento y sus cerca de 100 informes de ilegalidad, llevaron al 'alcalde-faraón' a presentar 54 acusaciones de faltas graves o muy graves contra el interventor en febrero de 2013.
Obelisco instalado en Crevillente, tras el pago de 600.000 euros de dinero público.
El instructor del caso las archivó rebatiendo en más de 100 páginas cada una de las acusaciones. Pero la resolución tardó más de un año en llegar y cuando Fernando creía que todo había acabado (junio 2014) el alcalde presentó nueve acusaciones nuevas. El nuevo instructor resolverá el expediente, previsiblemente, este próximo mes de octubre.
Fernando está sufriendo esta situación porque sus informes relataban las ilegalidades cometidas en torno a los servicios, especialmente de aguas y de basuras, como pasa en una buena parte de los ayuntamientos, una vez agotado el boom urbanístico. Hoy por hoy, son el mejor trozo del pastel que llevan comiéndose años y años las administraciones públicas, caracterizadas por "el descontrol total y la irresponsabilidad absoluta" según Fernando, que asegura a este periódico que "no he estado en ningún ayuntamiento en el que no hubiera corrupción".
Tan grave fue la que encontró en el Ayuntamiento de Castro Uridiales que lo denunció ante los tribunales en 2004. El caso se archivó año y medio después hasta que un nuevo juez lo reabrió. De aquel proceso reabierto, que se ha alargado casi 10 años, hay 15 condenados y 158 imputados en diversas causas.
La defensa del que denuncia la corrupción es la clave para cortarla de raíz
Tan sencillo como eso. Si el funcionario que ve pasar la ilegalidad por delante de sus ojos se sabe protegido, lo más probable es que lo denuncie, porque es su trabajo, y por honradez. Fernando nos cuenta que no todos los interventores se la juegan como él, entre otras cosas, por miedo. “Muchos sobreviven mirando hacia otro lado”, algo que se podría evitar si tuvieran una instancia u órgano superior al que elevar sus informes de ilegalidad y si además supieran que serán protegidos de presiones y amenazas. Por ejemplo, si los costes del posible proceso judicial que de ello devenga, se sufragaran también con dinero público, como ocurre con los ayuntamientos.
Son las mismas demandas de Ana Garrido, que se negó a ceder a las presiones de sus jefes en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la localidad madrileña en la que trabajó como técnico de juventud durante más de 20 años. Con su ayuda se destapó uno de los casos de corrupción más sangrantes de nuestro país, la trama Gürtel.
Las consecuencias de comportarse con ética: perdió su trabajo, ha sufrido acoso por parte de sus jefes del Ayuntamiento de Boadilla (dos sentencias lo corroboran), ha perdido una casa y ahora vive con unos amigos porque ha tenido que alquilar la suya para hacer frente a los gastos que le ha supuesto que el ayuntamiento recurra en dos ocasiones (recuerda que lo hace con dinero público) la sentencia que le condena a indemnizarla.
Tuvo que dejar la terapia porque, literalmente, está arruinada. "Mi vida consiste en defenderme" asegura a ELPLURAL.COM, y sufre lo que ella misma denomina como "la tortura del siglo XXI". Con todo y con eso, Ana sigue luchando porque entiende que hizo lo correcto y porque sabe que, si existiesen medidas que protegieran a quienes denuncian la corrupción, serían muchos más los funcionarios que se animarían a hacerlo, un paso de gigante para acabar con la corrupción.
La protección jurídica y laboral es también clave para Albert Gadea, ex director gerente de planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y que, junto a la interventora Maite Carol, testificaron y colaboraron con la justicia en el caso Pretoria. Entre los dos han pagado unos 15.000 euros en abogados cuando se querellaron contra la alcaldesa ante el despido de ella (era interina en aquel momento) y el mobbing al que fue sometido él (no le podían echar, pero sí hacerle la vida imposible). “Visitamos tres despachos de abogados antes de encontrar a uno que quisiera defendernos” cuenta a ELPLURAL.COM Albert, porque el caso Pretoria tenía la particularidad de salpicar a PSC, CiU y PP, así que varios despachos tenían relaciones comerciales con uno u otro partido.
IU, Podemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la causa en ELPLURAL.COM
Ante tales atrocidades, un periodista, Pablo Herreros, ha decidido unir a todos ellos y a algunos más para exigir medidas que les protejan cuando, cumpliendo con su trabajo y su deber, denuncian casos de corrupción. Lo ha hecho a través de la plataforma Change.org (aquí pueden consultar y firmar la petición), reclamando a los candidatos a la Presidencia que se comprometan a adoptar medidas en este sentido si son elegidos. Les puedo adelantar que, al menos los cuatro partidos citados, en boca de sus líderes en algunos casos, se han comprometido en este periódico a adoptar medidas que protejan a los denunciantes de corrupción. Pronto más detalles. ¿Se comprometerán PP y PSOE?
