La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de prisión contra el ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por un delito de apropiación indebida en su gestión en el club, pero plantea al juez que "de forma alternativa" se le condene a dos años si considera que el delito es de administración desleal.

Tres años de prisión
En el escrito de calificación el fiscal pide tres años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, además de una pena de nueve meses de multa a razón de diez euros diarios, de inhabilitación para desempeño de cargo público y de sufragio pasivo, además del pago de las costas. No obstante, el Fiscal plantea una pena de dos años de prisión para el ex mandatario por un presunto delito de administración desleal, además de inhabilitación tanto para el desempeño de cargo público como para el derecho de sufragio pasivo si el juez determina que debe ser dicho delito y no el de apropiación indebida.

Casi 4 millones de indemnizaciones
El Ministerio Fiscal reclama a Manuel Ruiz de Lopera, en concepto de indemnización para el Real Betis Balompié, una cantidad de 591.017,41 euros además de otra de 3.078.000 euros, cantidades de las que deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas.Por otra parte, siempre según criterio de la Fiscalía, el resto de los acusados, Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ángel Guillermo Martín y el ex consejero delegado Luis Oliver, no tendrían responsabilidad penal alguna en los hechos que se van a enjuiciar.

Dilaciones indebidas, achacables a la juez Mercedes Alaya
La Fiscalía igualmente reclama que se condene a Encadesa, otra de las empresas controladas por Lopera, al pago de ese algo más de tres millones de euros de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a la entidad Farusa solidariamente por las cantidades de 450.759,08 euros y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente a 90.151,82 euros. Destaca en el escrito de conclusiones que la Fiscalía aprecia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, achacable a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso.

Celeridad en la labor de la Audiencia
Respecto a la actuación de la Audiencia, la Fiscalía muestra incluso "una satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad". Resta por saber qué solicitarán las acusaciones particulares personadas en el caso, que hasta el momento, en todas las actuaciones previas en este caso siempre se han mostrado mucho más duras que el Ministerio Fiscal.