José María Aznar (d), saluda al líder 'popular' andaluz, Javier Arenas (i), en presencia del presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, durante el plenario del XVII Congreso del PP. (Archivo EFE)
Arenas, necesitado de "paz social" para sus aspiraciones andaluzas
Cabe recordar que la época que investiga la Guardia Civil y la nueva jueza del "caso ERE" fue trascendental para un gran protagonista del PP en Andalucía, Javier Arenas. Precisamente, en 2002, el de Olvera fue nombrado ministro de Administraciones Públicas y a finales del 2003 pasa a ser vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia. Un año después, ya en 2004, bajaría a Andalucía para un nuevo intento de asalto a la Presidencia del Gobierno autónomo y presenta su candidatura a la Junta de Andalucía para las elecciones que se celebraron en 2008. Indudablemente en ese periodo Arenas necesitaba paz social con los sindicatos y los trabajadores, y entre ellos, los mineros de una zona deprimida como la de Huelva. Precisamente la Guardia Civil mantiene la tesis que el Ministerio pudo actuar irregularmente "para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos"
Investigan las ayudas del Gobierno del PP
Pues bien. Ahora se conoce cómo en un escrito entregado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades de los ERE, se indica que las ayudas se concedieron por la Junta de Andalucía y el Ministerio para los mayores de 55 años de la zona minera, aunque centra sus pesquisas en las concedidas por el Gobierno cuando gobernaba el PP. Este hecho coincide también, como informamos hoy desde ELPLURAL.COM, con el hecho de que la Xunta de Galicia pagó cursos de formación no acreditados. Otro caso de posible corrupción en materia de ayudas y fomento del empleo vinculado al Partido Popular aunque en el norte de España, en este caso.
Listados usados de forma arbitraria
Los agentes de la unidad de policía judicial han detectado cómo la administración central "presuntamente utilizó, de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria, los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años". Esa práctica se hizo pese a que la administración tenía conocimiento de que los listados "eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo" y no usó sus cálculos para determinar la edad de cada minero.
De izquierda a derecha, y señalados en rojo, todos los miembros del Gobierno de José María Aznar investigados por sobresueldos: Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Loyola de Palacio, Pilar del Castillo, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristobal Montoro. (Foto original: prensa Moncloa)
No contestan desde el Ministerio de Trabajo a la Guardia Civil
Tras comprobar estos extremos, los agentes solicitaron el 19 de agosto pasado a la directora del INSS de Huelva si, por parte del Ministerio de Trabajo o de cualquier otro departamento que lo componen, o a través de la Subdelegación de Gobierno, se solicitaron los coeficientes reductores de los mineros en los años 2003 y 2004. Sin embargo, le contestaron a los agentes que no tenían intención de contestar a su requerimiento a la vez que les remitían a la autoridad judicial. Después de esa contestación, la juez María Núñez ha dictado una providencia en la que solicita al INSS que entregue "en mano en el menor plazo posible" la información solicitada por la Guardia Civil.
Hechos con "reproche social"
Según los agentes, existen dos hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos, "ambas con posible reproche social", señalan en su escrito. La primera se basa en pensar que por parte del ministerio no se solicitaron, en ningún caso, dichos coeficientes, lo que pudo deberse a que "tenía conocimiento, por informes anteriores del propio INSS, que había importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios y, como consecuencia, nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos".
Evitar la presión sindical
La segunda hipótesis, según la Guardia Civil, se basa en pensar que por parte del Ministerio se solicitaron los listados, "y al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos".
