El candidato popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol (c), acompañado por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando (d), y el portavoz adjunto del PP en el Congreso y candidato a las elecciones autonómicas catalanas, Antonio Gallego (i), antes de la reunión que ha mantenido con el Consejo de Dirección del PP en el Congreso. EFE



El Partido Popular ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar el Tribunal Constitucional y que éste pueda sancionar a quienes no acaten sus sentencias. El hecho ha coincidido con la visita a la Cámara Baja del candidato del PP a la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol, confirmando que se trata de una medida cuyo objetivo es cualquier intento de independencia por parte de Artur Mas.

Reforma exprés
La proposición ha sido presentada por el procedimiento de urgencia por lo que podrá quedar aprobada antes del fin de la legislatura y gracias a la mayoría absoluta del PP en el Congreso. En ella se recoge que el TC tenga capacidad sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones con penas de suspensión de funciones o multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros.

A golpe de ley
El propio García Albiol ha señalado que la proposición de ley es la “garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del TC y es un mensaje muy claro” a los que quieren romper Cataluña del resto de España para que sepan que “la broma se ha terminado”.

Por otro lado, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha explicado que la proposición modificará la Ley Orgániza del Tribunal Constitucional y, con la tramitación de urgencia, se tomará en consideración en el pleno la semana del 14 de septiembre y se votará el día 29, justo después de las elecciones catalanas y con tiempo necesario para que vaya y vuelva del Senado antes del fin de la legislatura.

Para que se puedan cumplir los plazos, esta reforma del TC ha sido presentada por el PP de forma separada a la que se está tramitando aún en el Senado para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias.